El Gobierno apeló el fallo por el financiamiento universitario

El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo capítulo del conflicto con las universidades. La decisión se conoció esta semana, mientras rectores y gremios preparan la quinta Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre frente al Congreso.

La disputa gira en torno a los recursos que el Ejecutivo debe destinar a las universidades nacionales, además de la actualización de los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

Cormick declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de distintos puntos de la ley. El magistrado sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía suspender la ejecución de una norma sancionada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial.

Desde el Gobierno argumentan que la aplicación de la ley requiere determinar de dónde saldrán los recursos para afrontar los gastos adicionales. La administración de Javier Milei también cuestiona los mecanismos previstos para actualizar los salarios y el financiamiento universitario.

El conflicto judicial se suma a otros reclamos presentados por las universidades. En septiembre, Cormick había intimado al Estado a cumplir una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios y becas, bajo apercibimiento de aplicar multas.

Desde el sector universitario cuestionaron la decisión del Gobierno de apelar el nuevo fallo. El secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, sostuvo que el Ejecutivo está demorando el cumplimiento de una ley aprobada y ratificada por el Congreso.

“Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, afirmó Cagnacci, quien consideró que la Justicia rechazó el argumento oficial sobre la falta de recursos.

El dirigente también cuestionó el incumplimiento del acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones gremiales. Según el planteo sindical, ese entendimiento contemplaba una recomposición salarial del 24,3% en dos tramos.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones gremiales mantienen el reclamo por mayor financiamiento para las universidades en el Presupuesto 2027. El sector advierte que las partidas previstas resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.

La tensión tendrá un nuevo capítulo el jueves 15 de octubre, cuando universidades, docentes, no docentes y estudiantes vuelvan a movilizarse frente al Congreso. La convocatoria comenzará a las 13.30 y será la quinta Marcha Federal Universitaria contra las políticas del Gobierno nacional y en defensa de la educación pública.