La Justicia declaró inconstitucional el freno a la Ley Universitaria

La Justicia Federal declaró inconstitucional la cláusula con la que el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento y dictar las normas necesarias para ponerla en vigencia.

La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes. También resolvió sobre la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que había sido acumulada al expediente.

El fallo sostiene que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo funcionó, en los hechos, como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución. Según Cormick, cuando el Congreso insiste con una ley con una mayoría de dos tercios, el Poder Ejecutivo debe promulgarla sin introducir nuevas condiciones.

El magistrado también señaló que corresponde al Congreso definir el gasto público y consideró que el artículo 9° de la Ley de Financiamiento Universitario permite al Ejecutivo realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para cumplir con la norma.

La sentencia ordena además la reglamentación y ejecución de la ley y establece que las costas del proceso estarán a cargo del Estado.

El Gobierno apelará

Horas después de conocerse la resolución, el Gobierno adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.

Durante el proceso, los representantes del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación habían defendido la decisión del Ejecutivo. Argumentaron que el Gobierno no suspendió la ley por voluntad propia, sino que aplicó limitaciones establecidas en normas presupuestarias anteriores.

También sostuvieron que la aplicación de la ley implicaría un desembolso superior a $1 billón, monto que, según la posición oficial planteada en el expediente, representaría más del 90% de los créditos disponibles.

La UBA, en cambio, planteó que la falta de actualización presupuestaria durante 2024 y 2025 generó una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios y afectó el funcionamiento de sus hospitales universitarios.

Un conflicto que llega a la calle

La resolución se conoce a pocos días de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre frente al Congreso.

La movilización es impulsada por el CIN, gremios docentes y no docentes y federaciones estudiantiles. Los reclamos incluyen la aplicación efectiva de la Ley 27.795, mejoras salariales, becas y mayor presupuesto para las universidades nacionales.

El conflicto judicial tiene además antecedentes. En diciembre de 2025, una medida cautelar había declarado inaplicable la suspensión de la ley y ordenado cumplir determinados artículos. La decisión fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno en junio, por lo que esa resolución quedó firme.

El nuevo fallo corresponde a la primera instancia y todavía puede ser revisado por la Cámara. Mientras tanto, la disputa por el financiamiento universitario vuelve a quedar en el centro de la agenda política y judicial.