Malvinas: el Gobierno rechazó la guía británica para empresas y advirtió que profundizará las sanciones
La Cancillería argentina rechazó la guía publicada por el Reino Unido para empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas. El Gobierno cuestionó especialmente la explotación de hidrocarburos y el proyecto Sea Lion. Además, anticipó nuevas medidas administrativas, diplomáticas y judiciales contra empresas vinculadas con esas actividades.
El Gobierno argentino expresó este martes su “enérgico rechazo” a la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”, publicada por el Reino Unido para orientar y respaldar a empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago. La Cancillería cuestionó especialmente las actividades hidrocarburíferas y advirtió que continuará aplicando las normas argentinas contra compañías vinculadas con proyectos que considera no autorizados.
El documento británico fue publicado el 15 de septiembre por el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Department for Business, Innovation and Science and Trade. Allí, el Reino Unido afirma que respalda la actividad económica considerada legítima en las islas y el desarrollo de sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. También sostiene su posición sobre la soberanía británica y señala que la legislación argentina no se aplica en las islas.
La Cancillería argentina, en cambio, reafirmó su posición de que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur forman parte del territorio nacional y cuestionó las actividades comerciales e hidrocarburíferas desarrolladas bajo la administración británica.
El Gobierno apuntó especialmente contra las empresas Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum LP, de origen israelí, vinculadas con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina considera ilegítimas las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos en esa zona.
En ese marco, la Cancillería informó que citó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal. El objetivo fue dejar asentada la posición argentina frente a la denominada “Decisión Final de Inversión” de las compañías involucradas y cuestionar tanto el proyecto Sea Lion como las licencias y medidas de respaldo comercial británicas.
El Gobierno argentino sostuvo que estas acciones contradicen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llama a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la disputa de soberanía.
La Cancillería también advirtió que la explotación de recursos no renovables en la zona genera, desde la perspectiva argentina, consecuencias potencialmente irreversibles. En ese sentido, ratificó que continuará utilizando los mecanismos previstos por la legislación nacional contra las empresas y personas que intervengan en esas actividades.
El Gobierno recordó además que las leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, establecen sanciones para empresas, inversores y proveedores que participen en actividades hidrocarburíferas que Argentina considere no autorizadas en su plataforma continental.
Según informó la Cancillería, hasta el momento fueron enviadas cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas ubicadas en 30 países. Además, se iniciaron 60 procedimientos administrativos y se presentaron tres denuncias penales contra diez compañías y sus directivos.
La respuesta argentina se produce en un contexto de creciente tensión alrededor de la explotación petrolera en el área de las islas. El Reino Unido sostiene que las actividades desarrolladas bajo la legislación de las islas son legales y que Argentina no tiene jurisdicción sobre ellas. En su nueva guía, Londres incluso recomienda a las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente.
El documento británico también señala que el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a respaldar a compañías que enfrenten presiones en terceros países por sus actividades vinculadas con las islas. De esta manera, la publicación funciona no sólo como una guía comercial, sino también como una señal política frente a las medidas anunciadas por la Argentina.
La Cancillería argentina, por su parte, volvió a plantear su disposición a retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para abordar la disputa de soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, advirtió que agotará las vías administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles para intentar frenar las actividades que considera contrarias a sus derechos soberanos.
El nuevo cruce se suma a una serie de medidas adoptadas durante las últimas semanas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en torno a las Malvinas, mientras el Reino Unido profundiza su respaldo político y comercial a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago.
