La defensa de Cristina Kirchner presentó una nueva prueba ante la ONU y busca revisar la condena por Vialidad

Los abogados de Cristina Kirchner anunciaron este martes la incorporación de una nueva prueba a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena de la expresidenta en la causa Vialidad. Según la defensa, un informe económico-financiero permite poner en discusión el peso que tuvo el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, en el reparto de fondos para la obra pública durante el período investigado.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa por Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. “Fue mal condenada”, sostuvo Beraldi, quien calificó el nuevo elemento como un hallazgo “monumental” y anticipó que la defensa también buscará utilizarlo para impulsar un recurso de revisión en la Justicia argentina.

Según explicó Beraldi, la información surgió a partir de una base de datos aportada bajo juramento durante una declaración en la causa Cuadernos. A partir de esos registros, la defensa encargó una auditoría al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, integrantes de la consultora Specs, con sede en San Pablo.

El informe, fechado el 14 de septiembre, analizó la planilla denominada “Analítico 2008-2015 Xls”, que forma parte de un expediente judicial, y cruzó esos datos con las obras incluidas en la causa Vialidad y las empresas que integraban el Grupo Austral.

De acuerdo con la auditoría presentada por los abogados, la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió durante ese período 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de aproximadamente US$2.200 millones. De ese universo, 17 obras estuvieron vinculadas a empresas del Grupo Austral, según el análisis difundido por la defensa.

Esas 17 obras representan, de acuerdo con el informe, el 4,63% del total de obras consideradas. Las empresas mencionadas son Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla y la Sucesión de Adelmo Biancalani. La defensa sostiene que los pagos correspondientes a esas compañías alcanzaron unos US$18,66 millones, equivalentes al 0,85% del monto total analizado.

El estudio también señala que esa participación habría sido decreciente a lo largo del período. Según los números difundidos por los abogados, representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, para luego caer al 0,18% en 2011 y llegar al 0% entre 2012 y 2015.

Otro de los puntos destacados por la defensa es el ranking de las empresas que concentraron la mayor parte de los fondos. Según el informe, ninguna compañía del Grupo Austral aparece entre las 15 constructoras que reunieron el 75% del financiamiento analizado. El primer lugar, de acuerdo con esos datos, correspondió a IECSA, seguida por JCR, Benito Roggio e Hijos, José Cartellone y Rovella Carranza.

Con esos elementos, los abogados buscan cuestionar uno de los fundamentos que, según su interpretación, tuvo la sentencia al analizar la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La defensa sostiene que los nuevos datos mostrarían que la participación de las empresas vinculadas al empresario fue marginal frente al volumen total de fondos destinados a la obra pública durante esos años. Se trata, de todos modos, de la interpretación de los abogados sobre la nueva documentación y no de una conclusión judicial sobre el contenido del informe.

Además de la nueva prueba, la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU incluye tres pedidos cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y una modificación en la integración de la Corte Suprema.

Rafael Valim sostuvo que la presentación internacional “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”, sino un planteo destinado, según explicó, a reclamar el respeto de los derechos de la expresidenta. Borrego, por su parte, cuestionó distintos aspectos del proceso que derivó en la condena.

Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La condena quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos de la defensa en 2025.

La presentación ante Naciones Unidas no implica por sí misma la anulación de la condena ni modifica automáticamente las decisiones de los tribunales argentinos. El Comité de Derechos Humanos analiza denuncias individuales vinculadas con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus pronunciamientos no funcionan como una instancia judicial superior a la Justicia argentina.

Los abogados anticiparon que esperan que las eventuales decisiones sobre las medidas cautelares puedan conocerse en los próximos meses, mientras que una resolución sobre el fondo del planteo podría demandar varios años. La próxima reunión del Comité está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.