El Gobierno busca que Estados Unidos investigue a la familia Eskenazi por su paso por YPF

El Gobierno de Javier Milei inició gestiones para que la Justicia de Estados Unidos investigue la compra, administración y salida de la familia Eskenazi de YPF, en una estrategia que busca aportar nuevos elementos para enfrentar las demandas millonarias contra la Argentina por la estatización de la petrolera.

Según una investigación publicada por La Nación, funcionarios de alto nivel del Gobierno mantuvieron reuniones reservadas con representantes del Departamento de Justicia estadounidense en Washington para plantear la posibilidad de abrir una investigación penal vinculada con la adquisición de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen.

La estrategia oficial apunta a determinar si existieron irregularidades o delitos en las operaciones mediante las cuales el grupo ingresó a la petrolera durante el gobierno kirchnerista, cuando adquirió aproximadamente el 25% de las acciones.

El Gobierno considera que una eventual investigación penal en Estados Unidos podría generar elementos para cuestionar las demandas civiles que enfrenta la Argentina en los tribunales de Nueva York. El objetivo es establecer si hubo alguna irregularidad en el origen o en las condiciones de aquella operación que pueda tener consecuencias sobre los reclamos económicos contra el Estado argentino.

De acuerdo con fuentes citadas por La Nación, en la Casa Rosada sostienen que, si una investigación penal extranjera llegara a acreditar un origen fraudulento de la transacción, podrían surgir argumentos para solicitar la suspensión o incluso la nulidad de las demandas que actualmente representan un riesgo financiero para el país.

La iniciativa se produce mientras continúa la disputa judicial por la estatización de YPF. En ese expediente, una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó una sentencia anterior que había establecido una condena contra la Argentina por más de USD 16.000 millones.

El fallo representó un revés para los demandantes y modificó el escenario judicial que enfrenta el Estado argentino en Estados Unidos. Para el Gobierno, ese antecedente puede fortalecer la estrategia destinada a cuestionar distintos aspectos de las demandas relacionadas con la petrolera.

La búsqueda de colaboración con las autoridades estadounidenses también tiene antecedentes. El Departamento de Justicia de ese país había emitido previamente un memorando relacionado con pedidos formulados por organizaciones civiles argentinas para investigar posibles irregularidades vinculadas con la adquisición de acciones de YPF.

La nueva gestión del Gobierno busca profundizar esa vía y obtener información que permita determinar cómo se produjo el ingreso del Grupo Petersen a la petrolera, cómo fue su participación en la administración de la compañía y cuáles fueron las circunstancias de su salida.

La eventual apertura de una investigación penal dependerá, de todos modos, de las autoridades judiciales estadounidenses. Mientras tanto, el Gobierno argentino intenta sumar nuevos elementos a su estrategia para reducir las consecuencias económicas de los litigios derivados de la estatización de YPF.