Denunciaron a Monteoliva y un comisario por la represión

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna fueron denunciados penalmente por el operativo policial realizado el 6 de agosto frente al Congreso, durante una manifestación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón y apunta a determinar si existieron abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones o apremios ilegales.

La denuncia también pide que Monteoliva y Gauna sean citados a declaración indagatoria. El escrito cuestiona especialmente la participación de un efectivo vestido de civil que fue fotografiado durante el operativo portando un arma y que, según la presentación, habría efectuado disparos.

Gauna quedó señalado a partir de imágenes difundidas en los últimos días que muestran a un hombre sin uniforme ni identificación visible durante el despliegue policial. La denuncia sostiene que se trata del comisario inspector de la Federal.

La propia Monteoliva reconoció posteriormente la participación de un policía de civil en el procedimiento y afirmó que el arma utilizada era una «escopeta de ruido». La identificación del efectivo y las circunstancias en las que utilizó el arma quedaron así incorporadas al debate sobre el operativo.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el cumplimiento de la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece las reglas para el empleo de armas por parte de las fuerzas federales.

La normativa dispone que las armas de fuego solo deben utilizarse cuando resulten ineficaces otros medios no violentos y ante situaciones específicas de peligro. También establece que, cuando sea necesario emplearlas, los agentes deben identificarse como integrantes de las fuerzas e intimar verbalmente a cesar la actividad ilícita.

La misma resolución contempla excepciones cuando identificarse pueda aumentar el riesgo de muerte o lesiones graves, poner en peligro a los propios efectivos, exponer su ubicación o resulte evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias.

En el caso de Monteoliva, la presentación judicial no atribuye automáticamente responsabilidad penal por su condición de ministra. Dalbón planteó que deberá analizarse si existieron decisiones, órdenes u omisiones de la funcionaria antes, durante o después del operativo que puedan tener relevancia penal.

La denuncia se suma a un pedido realizado en el Congreso. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para convocar a Monteoliva a la Cámara de Diputados y exigirle explicaciones sobre el procedimiento del 6 de agosto.

Entre otros puntos, Paulón pidió conocer por qué participaron agentes armados sin uniforme, si fueron identificados los efectivos que dispararon durante la manifestación y si existieron otros integrantes de las fuerzas que actuaron sin armas.

El episodio generó además una fuerte discusión política luego de que se difundieran las imágenes del policía vestido de civil. Antes de que trascendiera públicamente su identidad, la senadora bonaerense oficialista María Florencia Arietto había respaldado al efectivo a través de sus redes sociales y aseguró que lo defendería gratuitamente ante una eventual denuncia.

Según los datos difundidos por el Gobierno, el operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso involucró a unos 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación penal y establecer eventuales responsabilidades individuales. En paralelo, Monteoliva podría ser convocada por la Cámara de Diputados para brindar explicaciones políticas sobre el procedimiento.