24 junio, 2026

Allanaron otra vez a Piccirillo por causa de amenazas

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El juez Ariel Lijo ordenó un nuevo allanamiento en la casa de Elías Piccirillo en Banfield, en una causa por presuntas amenazas a su exsocio Francisco Hauque. Es el segundo operativo en 48 horas y la investigación sigue bajo reserva judicial.

El juez federal Ariel Lijo ordenó un nuevo allanamiento en el domicilio del empresario Elías Piccirillo, en la localidad bonaerense de Banfield, en el marco de una investigación por presuntas amenazas de muerte contra su exsocio Francisco Hauque. El procedimiento fue solicitado por el fiscal Franco Picardi y constituye el segundo operativo en menos de 48 horas en la misma causa.

Durante el operativo, efectivos de las fuerzas de seguridad ingresaron al departamento donde el empresario cumple prisión domiciliaria y procedieron al secuestro de dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular y otros elementos de interés para la investigación.

La causa se encuentra bajo estricta reserva judicial y se inició a partir de denuncias realizadas por el propio Hauque, quien declaró haber sido víctima de amenazas que atribuye a sectores vinculados a servicios de inteligencia. En ese contexto, la fiscalía le ofreció incorporarse al Programa de Testigos Protegidos.

El conflicto entre ambos empresarios se originó tras una reunión en el Palacio Duhau, donde discutieron por una presunta deuda millonaria. A partir de ese episodio, la investigación judicial derivó en una serie de acusaciones cruzadas que incluyen la supuesta contratación de efectivos policiales para montar un operativo irregular.

Según la hipótesis investigada, Piccirillo habría intervenido en un procedimiento en el que se intentó incriminar a su exsocio mediante la presunta implantación de estupefacientes. En el operativo, realizado por policías de civil, se informó el hallazgo de drogas y un arma en el vehículo de Hauque, aunque la defensa sostiene que se trató de una maniobra irregular.

La sospecha sobre el accionar policial quedó reforzada por material audiovisual incorporado a la causa, donde se cuestiona la legalidad del procedimiento y se denuncia que la situación habría sido armada.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal, que analiza nuevos elementos secuestrados en el último allanamiento para determinar responsabilidades en el expediente.

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