Reabren la investigación por el crimen del policía Renato Fuentes
La Justicia provincial ordenó reabrir y extender por 30 días la investigación penal por el crimen del oficial Renato Mauricio Fuentes, asesinado durante un asalto ocurrido en septiembre de 2024 en la localidad de Cortaderas.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial, que revocó una resolución del juez de Garantías Jorge Pinto, quien había rechazado la prórroga de la investigación y buscaba avanzar hacia la etapa de control de acusación.
El fallo hizo lugar a los planteos presentados tanto por la querella como por la defensa de Julio Daniel “Ringo” Lescano, principal imputado por el homicidio.
Entre los aspectos que deberán profundizarse aparece la denuncia de la familia del policía respecto a la falta de chalecos antibalas en la dependencia donde prestaba servicio Fuentes. Según expusieron durante el proceso, la subcomisaría contaba con apenas tres chalecos para ocho efectivos al momento del hecho.
Además, los querellantes sostienen que no se investigaron adecuadamente posibles responsabilidades de superiores policiales y señalaron presuntas irregularidades durante la pesquisa, entre ellas la desaparición de registros fotográficos y audiovisuales vinculados a la autopsia y otras pericias realizadas sobre el cuerpo de la víctima.
Otro de los puntos que continuará bajo análisis es la posible participación de una tercera persona en el asalto. Tanto la querella como la defensa afirmaron que existen testimonios y elementos que vincularían a Uriel Chirino con el hecho, una hipótesis que, según ambas partes, no fue suficientemente investigada.
Por su parte, la defensa de Lescano cuestionó algunas de las pruebas incorporadas a la causa, entre ellas el resultado del dermotest realizado casi dos días después del crimen y presuntas inconsistencias entre las prendas secuestradas y las imágenes captadas por cámaras de seguridad.
La Fiscalía, encabezada por Marcelo Saldaño, sostiene que el caso se encuentra esclarecido y que no existen pruebas objetivas que permitan sostener la participación de un tercer involucrado. También consideró que la cuestión vinculada a la provisión de chalecos antibalas corresponde a un eventual análisis administrativo o civil y no afecta la determinación de responsabilidades penales por el homicidio.
Sin embargo, los jueces entendieron que todavía existen medidas pendientes y aspectos relevantes por esclarecer. En su resolución señalaron que la gravedad del caso y las irregularidades denunciadas justifican la continuidad de la investigación, especialmente ante la necesidad de garantizar tanto el derecho de defensa como el derecho de las víctimas a conocer la totalidad de lo ocurrido.
Durante los próximos 30 días podrán incorporarse nuevas pruebas, convocarse testigos y requerirse informes internos relacionados con el accionar policial previo y posterior al crimen del oficial Fuentes.
