La esposa de Sánchez, a un paso del juicio: la causa que sacude la política española

El juez Juan Carlos Peinado procesó este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente español Pedro Sánchez, por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión, dictada desde el Juzgado de Instrucción N°41 de Madrid, cierra la fase de investigación y abre un plazo de cinco días para que las partes definan si se avanza hacia el juicio oral.

La resolución se conoció mientras Sánchez realizaba una visita oficial a China, país al que Gómez lo acompañaba. Desde el Gobierno expresaron malestar por el momento en que se difundió el auto, que algunos ministros vincularon con un contexto político antes que judicial.

El juez Peinado apura los tiempos con un objetivo concreto: llevar el caso a juicio con un jurado popular antes de septiembre próximo, cuando deberá jubilarse al cumplir los 72 años que establece la normativa para la Judicatura.

En la misma resolución, también fueron procesados la asesora Cristina Álvarez —colaboradora de Gómez en el Palacio de la Moncloa— y el empresario Juan Carlos Barrabés. Álvarez enfrenta los mismos cuatro cargos, mientras que Barrabés deberá responder por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Uno de los ejes centrales de la acusación es la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. El juez considera que Gómez utilizó su vínculo matrimonial con el presidente para influir en autoridades y funcionarios, y que se apropió del software desarrollado en esa cátedra al registrarlo como propio.

En septiembre de 2025, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentó un informe ante la Fiscalía Europea señalando que las cartas de recomendación de Gómez beneficiaron de forma injusta e ilegalmente a la empresa vinculada a Barrabés, con contratos por valor de 8,4 millones de euros adjudicados a través de la empresa pública Red.es.

El delito de intrusismo profesional fue descartado. Peinado lo archivó al considerar que solo existía un indicio endeble, sin la pluralidad y solidez requeridas para sostener la imputación.

El caso se originó en 2024 tras una denuncia de la organización Manos Limpias, a la que luego se sumaron otras acusaciones populares. El propio juez expulsó a esa organización de la causa en noviembre de 2025 por no haber abonado la fianza requerida, aunque el proceso continuó.

La defensa rechazó de plano los cargos. El abogado Antonio Camacho calificó el procedimiento de «pesadilla» sin garantías jurídicas y acusó al magistrado de perseguir «otra cosa» que no es Justicia. La Fiscalía, por su parte, también sostuvo que el caso carece de sustento penal y debe archivarse.

La causa genera tensión en el escenario político español. El Gobierno mostró su malestar especialmente por referencias en el auto a «regímenes absolutistas», que consideró impropias de un sistema democrático, mientras el PP calificó la situación de «absolutamente increíble» y desde Vox celebraron la decisión y pidieron que el siguiente paso sea procesar al propio Sánchez.