Prorrogaron las restricciones a tres ex funcionarios de Rodríguez Saá
Por Alejo Pombo
La causa que investiga a tres ex funcionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá por presuntos fraudes en contratos de obras públicas con municipios entró esta semana en su recta final. El juez de Garantía subrogante Juan Manuel Montiveros Chada prorrogó por segunda vez y por 60 días las medidas de coerción contra el ex ministro de Seguridad Claudio Latini, el ex ministro Luciano Anastasi y el ex funcionario Ernesto «Pipi» Alí, más los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali. Todos deberán seguir firmando el libro de imputados y tienen inhibición general de bienes.
El corazón de la causa son tres contratos millonarios firmados en 2022 con municipios de La Toma, San Francisco y Cortaderas para refaccionar dependencias policiales y de bomberos. El patrón se repitió tres veces: se firmaron convenios, se transfirieron anticipos de hasta el 40% de los montos totales y las obras nunca arrancaron. Cuando la Justicia constató el estado de los inmuebles en 2024, todos seguían abandonados. En algunos casos los contratos habían sido rescindidos «de común acuerdo» invocando la crisis económica, con la plata ya enviada a los municipios.
La fiscal adjunta Roxana Alcaraz lanzó la definición más contundente de la audiencia: «La investigación penal preparatoria ya está concluida. La acusación está subida al sistema y solo resta la firma para iniciar los traslados y avanzar hacia la audiencia de control de acusación». Los delitos apuntados son fraude a la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Latini, que ya cargaba con una condena por peculado del año pasado, enfrenta el riesgo de ser declarado reincidente.
