Justicia o ensañamiento: La abogada acusada de racismo denuncia una «campaña de odio» en su contra
Tras semanas de detención y hostigamiento, la abogada Agostina Páez se reencontró con su familia en Río de Janeiro bajo un régimen de libertad vigilada. Acusada de injuria racial y obligada a usar tobillera electrónica, la joven argentina denunció amenazas de muerte y una campaña de estigmatización que la mantiene recluida, mientras su defensa intenta evitar la prisión preventiva en un proceso que no contempla fianza.
Por Alejo Pombo
El reencuentro en la puerta de un edificio en Río de Janeiro fue mucho más que un abrazo familiar; fue el alivio momentáneo de una joven que asegura estar viviendo una pesadilla. Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años procesada por injuria racial, recibió a su padre y a su hermana en medio de una atmósfera de extrema tensión. Con una tobillera electrónica oculta y el pasaporte retenido, Páez resumió su situación con una frase que denota la gravedad del conflicto: “Me quieren matar”.
La abogada enfrenta un proceso judicial bajo la estricta legislación brasileña, que desde hace años equipara la injuria racial con el racismo, convirtiéndolo en un delito no excarcelable y con penas que oscilan entre los dos y cinco años de prisión. Tras haber pasado horas bajo arresto esta semana en una comisaría carioca —luego de que la fiscalía solicitara su prisión preventiva—, la justicia le permitió mantener la libertad ambulatoria, pero con restricciones severas.
“La gente me odia, hay mucho ensañamiento”, explicó Páez a los medios, justificando su decisión de no mostrar el rostro ante las cámaras. Según su relato, su imagen ha sido utilizada para campañas antirracistas en redes sociales que han derivado en amenazas de muerte y el ingreso de desconocidos a su anterior residencia temporal, lo que la obligó a mudarse de urgencia por razones de seguridad. «Incluso están haciendo stickers con mi cara; no hay objetividad y estoy en peligro», confesó.
Su padre, Mariano Páez, quien logró viajar este sábado tras una intensa búsqueda de vuelos, intentó suavizar el perfil de su hija calificando el gesto que originó la denuncia como algo «inconsciente» y manifestando su arrepentimiento. Sin embargo, en el sistema judicial brasileño, la subjetividad del acusado suele chocar con la política de tolerancia cero ante actos discriminatorios en espacios públicos.
Por el momento, el juez Orlando Eliazaro Feitosa mantiene la prohibición de salida del país. Mientras la defensa intenta demostrar que no hay riesgo de fuga y que la joven ha cumplido con cada presentación judicial, la abogada permanece en un limbo legal y social: una ciudad que la procesa judicialmente y una opinión pública que, según ella misma denuncia, ya ha dictado su propia sentencia en las calles.
