En solo un mes, la jueza Villegas otorgó 11 permisos extraordinarios a condenados por delitos violentos
Durante enero, el Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes concedió al menos 11 permisos extraordinarios a internos condenados por homicidios, abusos sexuales y robos armados.
Las resoluciones quedaron bajo la lupa tras el ataque a una nena de 10 años cometido por un femicida con libertad condicional.
El caso reavivó el debate sobre los criterios judiciales para otorgar beneficios penitenciarios en San Luis.
María Cruz*
Las decisiones del Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes quedaron en el centro de la polémica. Durante enero, la jueza Nora Graciela Villegas otorgó al menos 11 permisos extraordinarios a internos condenados por delitos graves, en un contexto marcado por el ataque sufrido por una nena de 10 años en Santa Rosa del Conlara, cometido por un condenado a prisión perpetua que se encontraba en libertad condicional.
Villa Mercedes cuenta con un único Juzgado de Ejecución Penal, encargado de controlar el cumplimiento de condenas y resolver pedidos de libertades condicionales, salidas transitorias y permisos extraordinarios. Todas las resoluciones de ese fuero durante el mes fueron firmadas por la magistrada Villegas.
Los permisos extraordinarios fueron concedidos a internos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial de Pampa de las Salinas y requirieron traslados de más de 600 kilómetros. Cada operativo implicó la movilización de al menos seis efectivos penitenciarios, además de una logística compleja financiada íntegramente por el Estado. Según los registros oficiales, las salidas tuvieron una duración de entre cuatro y seis horas.
Habitualmente, este tipo de beneficios se otorgan en situaciones excepcionales, como fallecimientos o nacimientos de familiares directos. Sin embargo, en las resoluciones dictadas durante enero, la jueza utilizó de manera reiterada el criterio de “entrelazar lazos familiares” como fundamento para concederlos.
Entre los beneficiados figuran condenados por homicidio y otros delitos violentos. Darío “El Coya” Giménez, sentenciado en 2023 a 13 años de prisión por homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego, accedió a un permiso extraordinario. También lo hizo Carlos Ernesto Cordido, condenado en 2021 a siete años de cárcel por intentar abusar sexualmente del hijo de su pareja, que tenía siete años al momento del hecho.
La nómina incluye además a Martín Joel Barroso, condenado en marzo de 2025 por portación de arma de fuego agravada y robo calificado en grado de tentativa; Ricardo Ariel González, condenado a prisión perpetua por el homicidio del policía Rodolfo Domínguez; Jorge Escobar, condenado por un homicidio cometido con arma blanca; y Mario César Lucero, sentenciado a prisión perpetua por un doble homicidio ocurrido en 2018.
A estos permisos se suman libertades condicionales otorgadas en los últimos dos años a condenados por homicidio simple, tentativa de homicidio, abuso sexual agravado y robos doblemente calificados. Las resoluciones alcanzaron a internos con ingresos al sistema penitenciario desde 2007 hasta 2021, con liberaciones concentradas entre 2024 y 2025.
El debate público se intensificó tras conocerse que Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Natalia Chirino en 2002, había sido beneficiado con la libertad condicional en octubre de 2025. Tres meses después, fue detenido acusado de ingresar a una vivienda rural, atacar con un arma blanca a una nena de 10 años y huir tras simular que la menor estaba muerta.
El hecho generó críticas del gobernador Claudio Poggi, cuestionamientos institucionales al criterio aplicado por la magistrada y una movilización vecinal que reclamó su destitución mediante un juicio político. Mientras la niña continúa su recuperación y el imputado permanece detenido, el foco permanece puesto en los controles, responsabilidades y criterios judiciales para el otorgamiento de beneficios a condenados por delitos violentos.
