La UCR suspendió a cuatro diputados que apoyaron el veto a la ley jubilatoria

Por Alejo Pombo

La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió este martes suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que, representando al radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Esta decisión ha generado un terremoto interno en el partido, que enfrenta una división cada vez más evidente entre sus distintas facciones.

Los legisladores en cuestión son Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat y Pablo Cervi, quienes tendrán su afiliación suspendida mientras dure el proceso de investigación a cargo de un tribunal de ética partidario. Según fuentes de la UCR, la suspensión fue aprobada por 10 votos a favor y 2 en contra en la mesa directiva de la convención, encabezada por Gastón Manes y Hernán Rossi. Los únicos votos disidentes provinieron de los representantes de Mendoza y Misiones, quienes respaldan al gobernador Alfredo Cornejo.

Intentos de contención dentro del bloque

A pesar de la sanción impuesta por la Convención Nacional, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, no parece dispuesto a dar por perdida la relación con los legisladores sancionados. De acuerdo con fuentes cercanas al dirigente, De Loredo intentará contener a estos diputados dentro del bloque radical para evitar que abandonen definitivamente el espacio. “Hay que sumar diputados, no podemos darnos el lujo de perderlos”, señalaron desde la conducción partidaria.

El foco de preocupación está particularmente en Mariano Campero, quien, según indicaron fuentes del partido, ya estaría con un pie afuera tras haber expuesto públicamente sus diferencias con la conducción del bloque. Por su parte, los otros tres diputados (Arjol, Picat y Cervi) están evaluando sus próximos pasos, sin descartar la posibilidad de abandonar el bloque radical.

Un caso especial es el del diputado Federico Tournier, quien también votó a favor del veto presidencial pero quedó al margen de la sanción. Esto se debe a que Tournier, aunque pertenece al bloque de la UCR, no está afiliado al partido, ya que responde políticamente al gobernador correntino Gustavo Valdés y pertenece a otro espacio político.

Más sanciones en evaluación

El tribunal de ética partidaria no solo investigará a los diputados que apoyaron el veto presidencial. También se analizarán los casos de dos legisladores más: Roxana Reyes, de Santa Cruz, y Gerardo Cipolini, de Chaco, quienes no estuvieron presentes durante la votación pero argumentaron a favor de la postura del Gobierno durante el debate. Sin embargo, a diferencia de los cuatro diputados sancionados, Reyes y Cipolini no fueron suspendidos preventivamente del partido.

La resolución de la Convención Nacional de la UCR expresa en términos duros el motivo detrás de la suspensión: “Al tratarse el veto presidencial, cuatro Diputados Nacionales afiliados a la Unión Cívica Radical e integrantes de nuestro Bloque se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”. Además, el documento subraya que los legisladores cambiaron su voto basándose en argumentos que “buscaban garantizar el equilibrio fiscal”, una explicación que fue calificada como insuficiente y perjudicial para el partido.

Críticas internas y tensiones políticas

La sanción y la gestión de esta crisis han despertado una fuerte reacción dentro de las filas del radicalismo. Uno de los líderes más críticos fue la diputada nacional Pamela Verasay, quien no dudó en cuestionar la conducción de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR. “Presidir la Unión Cívica Radical debería tratarse de escuchar la voluntad de la sociedad, construir consensos y comprender realidades territoriales, no utilizar una conducción transitoria y débil para imponer un pensamiento disfrazado de verdad absoluta”, disparó la legisladora mendocina.

Por otro lado, un influyente diputado de la UCR también lanzó duras críticas hacia Lousteau y otros referentes del radicalismo porteño, acusándolos de tomar decisiones que van “a contramano de lo que piensa la gran mayoría del partido”. En declaraciones a Noticias Argentinas, el legislador señaló: “El radicalismo del interior tiene cinco gobernaciones. ¿El sector de Manes qué gobierna? ¿Y Evolución? Solamente la Universidad de Buenos Aires. Parece que la centralidad de la agenda para ellos es la cuestión universitaria. Somos el radicalismo, no un centro de estudiantes”.

El caso Galimberti y las sospechas de transacción política

Un tema que ha despertado sospechas en algunos sectores de la oposición es la renuncia del diputado entrerriano Pedro Galimberti, quien abandonó su banca días antes de la votación sobre la ley de movilidad jubilatoria. Según fuentes cercanas, Galimberti fue nombrado en la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, un cargo que le garantiza un salario en dólares muy superior al que percibía como legislador.

Su reemplazante en la Cámara Baja fue Nancy Ballejos, una legisladora macrista que terminó inclinando la balanza a favor del Gobierno en una votación clave para blindar el veto presidencial. La renuncia de Galimberti antes de la sesión generó sospechas de una posible transacción política, ya que su salida debilitó al bando que buscaba anular el veto de Javier Milei, favoreciendo así al oficialismo en su objetivo de garantizar el equilibrio fiscal.

Un panorama incierto para el bloque radical

El radicalismo enfrenta una situación interna delicada, con un bloque dividido y tensiones crecientes entre los distintos sectores del partido. Mientras que algunos dirigentes, como De Loredo, buscan contener a los legisladores disidentes para evitar una fractura mayor, otros sectores no dudan en castigar duramente a quienes se apartaron de la postura oficial del partido.

El Tribunal de Ética de la UCR, compuesto por Alicia Tate, Juan Pedro Tunessi y Ricardo Barrios Arrechea, tendrá la responsabilidad de resolver esta crisis interna en las próximas semanas, mientras el radicalismo continúa debatiendo su futuro político y su relación con el oficialismo.