Por Alejo Pombo
El Gobierno anunció la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar pólizas exclusivamente con Nación Seguros.
Esta norma, según reportes recientes, habría permitido la formación de un esquema de corrupción que involucraba el pago de comisiones a intermediarios cercanos al ex presidente Alberto Fernández y otros miembros de su administración.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha instruido a su equipo para que prepare la derogación de este polémico decreto, que a pesar de las investigaciones judiciales en curso sobre las irregularidades relacionadas con estas pólizas, había permanecido vigente. La Justicia está investigando al ex presidente Fernández por maniobras que presuntamente beneficiaban a sus allegados, especialmente al broker Héctor Martínez Sosa.
En abril, durante la gestión de Nicolás Posse al frente de la Jefatura de Gabinete, se dictó una resolución que prohibía la incorporación de brokers en los seguros de los organismos públicos, pero el decreto original no fue anulado en ese momento. El argumento oficial para no derogar el DNU en ese momento era que podría afectar los convenios en curso y que no era necesario para prevenir irregularidades.
Además de derogar el DNU 823/21, que creó el cuestionado esquema de contratación de seguros, el Gobierno planea anular otros decretos que favorecían a empresas estatales en las compras de la administración pública nacional. Entre ellos, se incluye la derogación del Decreto 1189/21, que obligaba al Estado Nacional a comprar combustible exclusivamente a YPF para todos sus vehículos, así como el Decreto 1191/2012, que requería que todas las reparticiones nacionales adquirieran pasajes de cabotaje y vuelos internacionales a través de Aerolíneas Argentinas.
Fuentes oficiales indicaron que, con estas derogaciones, las futuras contrataciones de seguros, pagos de haberes, y compras de pasajes y combustible deberán realizarse a través de licitaciones públicas abiertas a cualquier oferente, buscando así mayor transparencia y competencia en los procesos de compra del Estado.
