Lagomarsino apeló la declaración de «incompetencia» de la jueza Palmaghini y frenó el pase al foro federal

La defensa del empleado informático Diego Lagomarsino, quien fue asesor de Alberto Nisman, apeló hoy la declaración de «incompetencia» de la jueza Fabiana Palmaghini y el pase a la Justicia federal de la investigación por la muerte del fiscal de la UFI AMIA.

La presentación fue realizada por el abogado Gabriel Palmeiro, quien representa a Lagomarsino, y el expediente pasará ahora a resolución de la Cámara del Crimen porteña, que será en definitiva la que resolverá quién seguirá investigando.

Los camaristas de la Sala VI Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich deberán convocar a una audiencia, revisar el caso y decidir quién se quedará con la causa, lo que podría ocurrir antes de Semana Santa, según anticiparon a DyN fuentes judiciales.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento de las torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero: tenía un tiro en la cabeza que había salido de una pistola que Lagomarsino le había facilitado horas antes.

Según explicó el asesor, Nisman se la había pedido para tener una mayor protección.

Después de 13 meses de instrucción, la jueza Palmaghini resolvió hace una semana que el caso pase a la Justicia federal, pero hoy los abogados de Lagomarsino se opusieron al considerar que esa decisión «causa un gravamen irreparable a nuestro defendido».

Según el escrito al que accedió DyN, el abogado Palmeiro habló de una «atípica, sorpresiva y apresurada» resolución de la jueza, con «un fallo autocontradictorio y opuesto a la doctrina de los actos propios» (porque la magistrada había rechazado el planteo de incompetencia el 12 de febrero último).

«La Sra. juez llega su desacertada y arbitraria conclusión basada» en las «opiniones contundentes(¿?)» (sic) de los hombres de inteligencia ligados a Nisman, Antonio «Jaime» Stiuso y Carlos «Moro» Rodríguez, que hablan de homicidio, y la afirmación sobre que «la ‘escena del hecho’ fue contaminada, y por ello, cualquier conclusión derivada de la ‘prueba científica’ no puede ser tenida en cuenta», se sostuvo.

A criterio de la defensa, «de encontrarse adulterada la escena de los hechos como sostiene la Sra. Juez de grado, ella misma debió en consecuencia, por ser una declaración que procede aún de oficio, declarar la nulidad absoluta de toda la prueba realizada en el presente expediente, ya que se nutrió para su realización de material contaminado o que no se mantuvo incólume. Sin embargo, tal declaración no existió».

«Lo afirmado por la Sra. Juez de grado no es otra cosa que la consagración del criterio de que no se podrá saber jamás en el marco de un proceso judicial en el que se encuentren vigentes las garantías constitucionales: ¿Qué es lo que pasó con el Dr. Nisman?; ¿Cómo ocurrió su deceso? Ya no existirá la posibilidad de saber si el Dr. Nisman se suicidó, fue inducido a tomar dicha decisión o fue víctima de un homicidio; y ello desde la óptica que no existirá prueba científica que así lo demuestre, quedando solo a consideración de los magistrados y partes que intervengan las ‘opiniones’ de algunos y los testimonios de los testigos que declararon en el expediente», dijo la defensa.

También refutó la certeza de la manipulación del correo electrónico: «¿Cómo puede hablarse fácticamente de algún tipo de vulneración de la correspondencia cuando nadie ha visto o analizado correo alguno? No, pueden advertirse las razones de la afirmación realizada por la Sra. Juez».

Lagomarsino fue el único en apelar la decisión de Palmaghini de mandar la causa al fuero federal.

Las otras partes del expediente consintieron la decisión, entre ellas la fiscal Viviana Fein, quien pese a considerar que el expediente debe seguir tramitando ante la Justicia ordinaria desistió de apelar porque su superior jerárquico, el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, ya opinó que la causa debe viajar a los tribunales de Comodoro Py 2002.

Tampoco presentó apelación la defensa de los dos policías asignados como custodios de Nisman el día en que fue hallado su cadáver, ambos beneficiados por un fallo que dispuso la «falta de mérito» para procesarlos bajo cargos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».