Por Alejo Pombo
La Justicia de San Luis ordenó un embargo preventivo sobre bienes de ex funcionarios provinciales investigados por un presunto desvío de combustible oficial que habría generado un perjuicio millonario al Estado.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, en el marco de una causa por presunto peculado y defraudación contra la administración pública. Los imputados son Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano, ex integrantes del Ministerio de Producción.
La resolución se tomó durante una audiencia en la que las defensas solicitaron reemplazar la inhibición general de bienes —que impedía a los acusados disponer libremente de su patrimonio— por medidas más específicas. Argumentaron que la restricción vigente resultaba excesiva para esta etapa del proceso.
Como alternativa, propusieron ofrecer bienes concretos como garantía: una motocicleta valuada en unos 12 mil dólares y una camioneta Volkswagen Amarok, cuyo valor superaría el monto del daño económico investigado.
El planteo no encontró resistencia en la fiscal de la causa, Linda Maluf, quien consideró razonable la sustitución luego de analizar los informes patrimoniales. Desde el Ministerio Público explicaron que la inhibición general había sido una medida inicial, adoptada ante la falta de información sobre los bienes de los imputados.
Finalmente, el juez hizo lugar al pedido y resolvió reemplazar la inhibición por un embargo preventivo sobre esos bienes específicos, garantizando así una eventual reparación económica en caso de condena. Además, rechazó un planteo de nulidad presentado por las defensas, al considerar que la acusación tiene sustento suficiente para avanzar en esta etapa preliminar.
La causa también involucra al ex comisario Marcelo Balbo, quien no participó de la audiencia.
Cómo funcionaba la maniobra
Según la investigación que lleva adelante la Fiscalía N° 6, los hechos se habrían producido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 dentro del Ministerio de Producción.
En ese período se registraron 356 cargas de combustible asignadas a una camioneta oficial Toyota Hilux. Sin embargo, el vehículo fue encontrado posteriormente en estado de abandono, con daños severos y sin funcionamiento.
Para los investigadores, ese dato es clave: el volumen de combustible cargado no se corresponde con el estado ni el uso real del vehículo. La hipótesis es que el combustible habría sido desviado para usos no autorizados.
El perjuicio económico estimado supera los 20 millones de pesos, y no se trataría de una maniobra aislada. El sistema de carga requería identificación y autorización previa, lo que —según la Fiscalía— implica que la operatoria no podría haberse realizado sin la intervención de responsables dentro del circuito administrativo.
Qué se investiga
Con estos elementos, el Ministerio Público encuadra el caso en los delitos de peculado y defraudación contra la administración pública, figuras que sancionan el uso indebido de recursos estatales por parte de funcionarios.
La causa se encuentra en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas ni la ampliación de imputaciones a medida que avance el expediente.
