La Corte Suprema rechazó otro planteo de los rugbiers por el caso Báez Sosa
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por siete de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, quienes denunciaban presuntas irregularidades en las primeras indagatorias. El máximo tribunal consideró que la presentación no estaba debidamente fundamentada. La decisión no modifica las condenas por el homicidio ocurrido en Villa Gesell en 2020.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por siete de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell.
El planteo buscaba avanzar con una denuncia penal contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes la defensa atribuía presuntas irregularidades durante las primeras horas de la causa.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal desestimó la presentación al considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba de manera adecuada los argumentos de la decisión judicial cuestionada.
El recurso había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
Los siete sostuvieron que, durante las indagatorias realizadas poco después del asesinato, no se les había informado correctamente cuáles eran los hechos que se les imputaban ni qué pruebas existían en su contra. También cuestionaron la confección y las firmas de las actas de esas declaraciones, al considerar que no se habían respetado las garantías previstas en el Código Procesal Penal bonaerense.
Además de plantear esos cuestionamientos en la causa principal, la defensa promovió una denuncia penal independiente por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
La presentación apuntó contra la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los acusados.
El conflicto se remonta a febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó los procedimientos de las primeras indagatorias y señaló supuestas inconsistencias en los horarios asentados en las actas. Según la defensa, las diferencias de pocos minutos entre algunas declaraciones ponían en duda que se hubieran cumplido todas las formalidades legales.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los siete condenados fueran considerados particulares damnificados en ese expediente. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por ausencia de dolo y también se rechazaron las declaraciones testimoniales de los jóvenes en calidad de víctimas y otras medidas de prueba solicitadas.
La defensa apeló las decisiones en distintas instancias judiciales. La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso de queja en agosto de 2025 y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario que buscaba llevar el caso ante el máximo tribunal nacional. Ahora, la Corte Suprema de la Nación desestimó esa última presentación por deficiencias en su fundamentación.
El fallo corresponde a esta causa paralela y no modifica las condenas por el homicidio de Fernando Báez Sosa. En febrero de 2023, cinco de los acusados —Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi— recibieron prisión perpetua. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios.
