La Justicia multó al Gobierno por incumplir la ley universitaria

La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno nacional por considerar que no acreditó el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, en una causa promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros actores.
La sanción, instrumentada mediante las denominadas astreintes, recae inicialmente sobre Diego Santilli, jefe de Gabinete. El magistrado resolvió aplicarla luego de que venciera el plazo de cinco días otorgado al Ejecutivo para demostrar que había cumplido la orden judicial.
La medida cautelar exige avanzar con dos puntos centrales de la norma: la recomposición de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas y la actualización de las becas estudiantiles. Según el juzgado, la documentación presentada por el Gobierno no fue suficiente para acreditar el cumplimiento integral de esas obligaciones.
Las astreintes son sanciones económicas destinadas a presionar para que se cumplan las decisiones judiciales. El monto establecido podría modificarse y la responsabilidad podría extenderse a otros funcionarios, según el desarrollo del expediente.
El conflicto se originó en la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso en 2025. Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma, su implementación quedó atravesada por una disputa sobre las condiciones de financiamiento y la obligación de ejecutar las medidas previstas.
En diciembre de 2025, Cormick había dictado una cautelar para exigir la actualización salarial y la recomposición de las becas. La decisión fue cuestionada por el Gobierno, que presentó recursos judiciales para discutir la obligación de aplicar la ley.
Desde el Ejecutivo sostienen que cumplieron con la medida y que aportaron documentación para respaldar esa posición. Sin embargo, el juez consideró que no se había demostrado la implementación completa de los mecanismos de actualización reclamados.
La sanción puede ser apelada por el Estado nacional. Mientras continúa la disputa judicial, el financiamiento de las universidades públicas, la evolución de los salarios y el monto de las becas siguen en el centro del conflicto entre las instituciones educativas y el Gobierno.