Malvinas: el Gobierno lleva al Congreso su nueva ofensiva y prepara una ley para endurecer las sanciones
Después de dos traspiés legislativos, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciado por Javier Milei en cadena nacional. La iniciativa busca endurecer las sanciones contra empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina y ampliar el alcance a otras actividades productivas. En paralelo, el Presupuesto 2027 prevé más de $300.000 millones adicionales para la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Después de una semana complicada en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei buscará recuperar la iniciativa política con el envío de dos proyectos de alto impacto: el Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que tendrá a las Islas Malvinas como uno de sus ejes centrales.
La Casa Rosada tiene previsto remitir este lunes a la Cámara de Diputados el proyecto anunciado por Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, en medio de la ofensiva oficial contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas próximas a las Islas Malvinas.
La iniciativa apunta a modificar y ampliar el régimen de sanciones previsto por la Ley 26.659 para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno también busca extender las consecuencias a accionistas, directores y proveedores vinculados con esos proyectos.
Milei había anunciado que las compañías involucradas podrían quedar inhabilitadas para operar en territorio argentino y que los proveedores de las empresas sancionadas quedarían alcanzados por restricciones similares. El proyecto también contempla, cuando corresponda, la posibilidad de aplicar el régimen de juicio en ausencia.
Pero el alcance de la iniciativa sería más amplio que la actividad petrolera. El Gobierno pretende incorporar otras explotaciones económicas y productivas que se desarrollen en las Islas Malvinas sin autorización argentina, con el objetivo de ampliar las herramientas legales disponibles para sancionar a quienes participen de esas actividades.
La ofensiva se produce mientras avanza el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Gobierno considera que la eventual explotación de hidrocarburos en la zona representa un nuevo desafío para el reclamo argentino de soberanía y ya inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con actividades en la cuenca Malvinas.
En paralelo, la administración de Milei busca reforzar la presencia argentina en el extremo sur. El Presupuesto 2027 contempla más de $300.000 millones adicionales para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia, cuya finalización está prevista para 2029. Esos fondos se sumarían a los $217.954 millones que ya fueron reasignados al Ministerio de Defensa mediante el Decreto 867 para reiniciar las obras.
El Gobierno sostiene que la infraestructura será estratégica para fortalecer las capacidades logísticas de la Argentina en el Atlántico Sur y para la proyección hacia la Antártida. El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la obra será financiada con recursos del Estado nacional y que no tendrá financiamiento externo.
La obra contempla, entre otros componentes, un muelle de 585 metros, instalaciones para servicios marítimos, infraestructura logística antártica y la relocalización de la actual base naval. El inicio efectivo de los trabajos está previsto para comienzos de 2027, mientras que la finalización se proyecta hacia fines de 2029.
El despliegue sobre Malvinas llega además en un momento de mayor tensión parlamentaria para el oficialismo. La semana pasada, la oposición consiguió avanzar en Diputados con los emplazamientos para discutir proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, pese al intento de La Libertad Avanza de impedir que esas iniciativas avanzaran. La votación reunió a sectores opositores y a diputados vinculados con gobernadores aliados.
En el Senado, en tanto, el oficialismo debió postergar una sesión en la que buscaba avanzar con la reforma de la Ley de Biocombustibles. La falta de acuerdo con bloques aliados y las diferencias en torno al régimen para las pymes del sector impidieron reunir los apoyos necesarios.
Esos episodios dejaron expuestas las dificultades de La Libertad Avanza para sostener acuerdos estables con sus aliados justo antes del debate del Presupuesto 2027, que será una de las principales batallas legislativas del Gobierno.
En ese escenario, la Casa Rosada intentará ordenar primero su propia tropa y marcar los límites de la estrategia parlamentaria. El proyecto sobre Malvinas, en tanto, le permitirá al oficialismo instalar una agenda política vinculada con la soberanía mientras busca apoyo para una iniciativa que considera parte de una política de Estado.
El Gobierno presentó el proyecto como una herramienta para reforzar la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. La iniciativa deberá ahora atravesar el debate parlamentario, donde el oficialismo necesitará nuevamente negociar con aliados y bloques provinciales para conseguir los votos que permitan avanzar con su agenda.
