Base Naval de Ushuaia: el proyecto estratégico de Milei para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur

La construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno de Javier Milei, en un momento de renovada tensión diplomática con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. El proyecto, que comenzó a planificarse hace más de una década y tuvo sus primeras obras durante el gobierno de Alberto Fernández, es presentado ahora por la Casa Rosada como una pieza estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas vinculadas con la cuestión Malvinas. El Ejecutivo avanzó con sanciones contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas que considera ilegales en las islas y también impulsa una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En paralelo, decidió priorizar infraestructura militar y logística en Tierra del Fuego.

Dentro de esa estrategia, la Base Naval Integrada de Ushuaia apunta a tener una función que excederá el ámbito estrictamente militar. El proyecto contempla convertir a la ciudad en un centro logístico para las operaciones argentinas en el extremo sur y, especialmente, para las campañas y actividades vinculadas con la Antártida.

La infraestructura proyectada incluye un nuevo puerto con capacidad para recibir buques de gran porte, sectores de atraque de mayor profundidad, áreas de mantenimiento, talleres, depósitos y espacios destinados al almacenamiento y movimiento de cargas. El objetivo es concentrar en un mismo complejo buena parte de los servicios necesarios para sostener las operaciones navales y el abastecimiento de las campañas antárticas.

Uno de los componentes principales será el nuevo muelle. El diseño contempla un amplio frente de atraque y sectores preparados para operar con embarcaciones de distintas dimensiones, además de instalaciones destinadas al abastecimiento de combustible, agua y energía.

También están previstos sectores para carga y descarga, depósitos, cámaras frigoríficas, talleres y otras áreas de apoyo. De concretarse el proyecto en la escala prevista, Ushuaia podría convertirse en un importante nodo logístico para los buques que operen en el extremo austral y para las expediciones con destino a la Antártida.

La obra, sin embargo, no parte de cero. El proyecto comenzó a ejecutarse durante la administración de Alberto Fernández, pero posteriormente quedó frenado y ahora el Gobierno de Milei busca retomarlo. En septiembre, el Poder Ejecutivo reasignó alrededor de US$142 millones para avanzar con la iniciativa, mientras que la estimación oficial del costo total se ubica entre US$400 millones y US$500 millones.

Para 2027, además, el Gobierno instruyó al Ministerio de Economía para que priorice los recursos destinados al proyecto dentro del Presupuesto nacional. Desde el Ejecutivo remarcaron que el financiamiento será argentino y descartaron que exista un acuerdo con Estados Unidos para financiar la construcción.

El cronograma previsto apunta a retomar los trabajos durante 2027 y avanzar progresivamente con la infraestructura portuaria, los edificios de apoyo y las instalaciones logísticas. La intención es que, en una etapa posterior, las capacidades de la actual estructura naval de Ushuaia puedan trasladarse progresivamente al nuevo complejo.

El proyecto también contempla instalaciones habitacionales y servicios complementarios para el personal que opere en la base. De esta manera, la obra busca integrar en un mismo espacio las funciones militares, portuarias y logísticas que actualmente se encuentran distribuidas en distintas instalaciones.

Para el Gobierno, la importancia de la Base Naval Integrada excede la infraestructura propiamente dicha. La Casa Rosada la vincula con una estrategia más amplia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, proteger los recursos naturales de la región y mejorar las capacidades necesarias para la actividad antártica.

En ese contexto, Ushuaia adquiere un papel estratégico por su ubicación geográfica y por su proximidad con las rutas marítimas hacia la Antártida. La apuesta oficial es que la nueva infraestructura permita ampliar las capacidades argentinas en una zona que el Gobierno considera clave tanto desde el punto de vista de la soberanía como de los intereses económicos y estratégicos del país.

Así, una obra que comenzó a tomar forma durante una administración anterior vuelve ahora al centro de la agenda de Milei, integrada a su renovada política sobre Malvinas y a una estrategia que busca darle mayor presencia a la Argentina en el Atlántico Sur.