Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley el RIPEE para impulsar inversiones

La Cámara de Diputados de San Luis convirtió este miércoles en ley el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), con 27 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Claudio Poggi establece beneficios fiscales, subsidios al empleo, herramientas de financiamiento y mecanismos para el uso de inmuebles fiscales con el objetivo de atraer inversiones y generar puestos de trabajo.

El proyecto ya había obtenido media sanción del Senado provincial el 28 de julio y llegó a Diputados con cuatro ejes centrales: beneficios tributarios, subsidio al empleo, gestión y disposición de inmuebles fiscales y financiamiento de proyectos privados.

Entre los principales incentivos se encuentran exenciones de impuestos provinciales de hasta 15 años y la posibilidad de otorgar créditos fiscales, según la magnitud de cada proyecto. También se contempla transformar saldos a favor acumulados en Ingresos Brutos en créditos fiscales.

El régimen incorpora además un subsidio para la contratación de beneficiarios del Plan de Inclusión Social. Por cada persona incorporada a una planta de personal, el empleador podrá recibir una asignación equivalente al monto del plan.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de utilizar inmuebles de dominio privado del Estado provincial que actualmente se encuentran sin uso para destinarlos a proyectos productivos y de servicios. El Ejecutivo había planteado que los recursos obtenidos por la disposición de esos bienes se reinviertan en políticas de promoción de la inversión y el empleo.

El alcance del RIPEE es multisectorial. El proyecto contempla actividades como la agroindustria, minería, industria, construcción, energía, logística, comercio, turismo, cultura, tecnología y servicios. También incorpora a cooperativas entre los potenciales beneficiarios.

Durante el debate, el oficialismo defendió la norma como una herramienta para mejorar las condiciones de inversión y ampliar el empleo privado. Eugenia Gallardo, presidenta del bloque Ahora San Luis y miembro informante del proyecto, sostuvo que una nueva inversión puede generar un circuito de consumo, proveedores y puestos de trabajo.

Desde la oposición peronista, en cambio, los principales cuestionamientos estuvieron vinculados con las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, el costo fiscal de los beneficios y los mecanismos de control.

Silvia Sosa Araujo, del bloque Unidad Justicialista, afirmó que la iniciativa convierte a la Legislatura en una “delegatura”. La diputada cuestionó especialmente las atribuciones del Ejecutivo para definir la autoridad de aplicación y modificar trámites, requisitos y tasas mediante normas complementarias.

También objetó la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y sostuvo que determinados aspectos tributarios y administrativos requerían un tratamiento legislativo más específico.

Lucas Caymes, también de Unidad Justicialista, centró sus críticas en tres interrogantes: cuánto costará el régimen, quién tomará las decisiones y cuáles serán los mecanismos de control.

El legislador cuestionó que el proyecto no incluyera una estimación del costo fiscal ni un informe de impacto presupuestario y advirtió sobre la ausencia de determinados cupos, topes y plazos para algunos beneficios.

Los bloques que acompañaron la iniciativa destacaron, en cambio, el potencial de los incentivos. Marina Garro, de San Luis Primero, defendió las exenciones tributarias para nuevas inversiones y señaló que el régimen puede beneficiar a sectores industriales, mineros, agropecuarios, comerciales y turísticos.

Carlos González D’Alessandro, de Consolidación Argentina, también votó a favor, aunque pidió controles sobre los beneficios otorgados y planteó la necesidad de conocer cuánto deja de recaudar la Provincia, cuánto se invierte efectivamente y cuántos puestos de trabajo se crean.

El diputado propuso además un registro público de beneficiarios y mecanismos de evaluación periódica para medir los resultados del régimen.

La aprobación definitiva se produce pocas semanas después de que el gobernador Claudio Poggi enviara el proyecto a la Legislatura. Desde el Ejecutivo habían presentado al RIPEE como una herramienta destinada a generar “seguridad jurídica” para las empresas y promover nuevas inversiones en la provincia.

Con la sanción de Diputados, el RIPEE quedó convertido en ley y comenzará a funcionar como el nuevo marco provincial de promoción de inversiones, actividad económica y empleo.