Paro portuario: más de 140 buques quedaron paralizados

Los puertos de todo el país permanecen paralizados por una medida de fuerza de prácticos, pilotos y baqueanos contra el Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje. El conflicto comenzó el sábado 1° de agosto y ya mantiene demorados a más de 140 buques, con impacto directo sobre las exportaciones de granos y la distribución de combustibles.

La protesta alcanza desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay y tiene su principal foco de impacto en el Río de la Plata y el río Paraná. Por ese corredor circula más del 80% de las cargas que ingresan y salen del país, según datos oficiales citados por organismos vinculados a la navegación.

En el Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, uno de los principales polos agroexportadores del país, decenas de embarcaciones quedaron sin poder ingresar o salir de las terminales. La paralización frenó operaciones vinculadas con granos y subproductos y comenzó a generar demoras en la cadena logística.

El conflicto también alcanzó al sector energético. Un buque destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó demorado fuera de un muelle, mientras el cese de actividades amenaza con complicar la distribución interna de combustibles.

La medida fue convocada en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma busca modificar el régimen de practicaje y pilotaje con el objetivo de reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada al sector.

Entre los cambios cuestionados se encuentra la posibilidad de que los usuarios contraten libremente a los prestadores, la apertura del registro de profesionales habilitados y la ampliación de las situaciones en las que determinados capitanes podrían navegar sin asistencia de un práctico.

Los profesionales sostienen que la reforma afecta las condiciones de seguridad de la navegación. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó la modificación de abusiva e inconstitucional y anticipó que recurrirá a la Justicia Federal.

La entidad también prepara una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron la normativa. Su principal argumento es que la flexibilización de los requisitos para navegar determinadas zonas podría elevar los riesgos de accidentes en ríos, canales y accesos portuarios.

La respuesta del Gobierno llegó a través de la Prefectura Naval Argentina, que intimó a los profesionales a retomar la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley. La autoridad marítima sostiene que el practicaje reviste carácter de servicio público esencial.

Pese a las intimaciones, los prácticos, pilotos y baqueanos mantienen el cese de actividades por tiempo indeterminado. La protesta continúa mientras crece la cantidad de embarcaciones afectadas y se acumulan demoras en puntos estratégicos del comercio exterior argentino.

El conflicto, sin embargo, tiene excepciones. Los profesionales mantienen guardias mínimas para atender a buques petroleros y gaseros, con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento energético y reducir eventuales riesgos ambientales en los cursos de agua.

La disputa enfrenta así dos posiciones: el Gobierno defiende la desregulación como una vía para reducir costos y ampliar la competencia, mientras que los profesionales del sector advierten que los cambios pueden afectar la seguridad de la navegación. Mientras no haya un acuerdo, la actividad portuaria continuará condicionada en buena parte del país.