Cambios en la agenda judicial: el Ejecutivo prioriza el Código Penal

El Gobierno nacional avanza en la definición final de la reforma del Código Penal y resolvió postergar el envío al Congreso del proyecto de juicio por jurados, en el marco de una estrategia orientada a ordenar su agenda legislativa y maximizar el respaldo político a las principales iniciativas judiciales.

En la Casa Rosada trabajan en la redacción definitiva del nuevo Código Penal, con el objetivo de consensuar un texto que unifique los aportes de la comisión redactora y las observaciones realizadas por distintas áreas del Poder Ejecutivo. La prioridad es presentar una versión que tenga mayores posibilidades de avanzar en el Congreso sin modificaciones sustanciales.

El Ejecutivo considera que la reforma del Código Penal es una de las piezas centrales de su agenda en materia de Justicia y busca evitar que el debate parlamentario se extienda más de lo previsto. Por eso, evalúa concentrar el proyecto en los cambios considerados prioritarios y diferir aquellos puntos que podrían generar mayor resistencia política.

Entre los ejes que se analizan para incluir en la iniciativa figuran el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso infantil, grooming, entraderas y estafas piramidales, además de una actualización general de diversos tipos penales. En cambio, el Gobierno decidió no incorporar reformas vinculadas a la legislación sobre el aborto ni modificaciones a la figura del femicidio.

En paralelo, la decisión de postergar el proyecto de juicio por jurados responde a la intención de articularlo previamente con una reforma del Código Procesal Penal, que establezca las condiciones de funcionamiento del sistema. Según fuentes oficiales, ambas iniciativas están redactadas, pero el Gobierno busca que su implementación sea coordinada.

La estrategia oficial apunta a evitar superposiciones normativas y eventuales demoras en la aplicación de los cambios. En ese sentido, se prioriza primero la aprobación del Código Penal como norma base del nuevo esquema judicial.

Con estas definiciones, el Ejecutivo reorganiza su cronograma legislativo para el segundo semestre, con la intención de llegar al Congreso con un proyecto más sólido y con mayores chances de aprobación. La reforma penal es considerada una de las iniciativas clave de la gestión y su tratamiento será uno de los debates centrales en la agenda política del año.