22 junio, 2026

El contratista de Adorni habló tras la intimación de ARCA

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El contratista Matías Tabar se refirió a la intimación de ARCA por inconsistencias patrimoniales y negó que se trate de una persecución. Aseguró que el requerimiento es “normal” dentro de los controles fiscales y que ya está a disposición del organismo.

Matías Tabar, el contratista que realizó la refacción en la vivienda del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, se refirió este sábado a la intimación que recibió por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que le otorgó un plazo de diez días para justificar su situación patrimonial e impositiva.

En declaraciones radiales, el empresario minimizó el requerimiento del organismo y rechazó que se trate de una persecución. “No lo tomo como una persecución o un hostigamiento”, aseguró.

Tabar explicó que la notificación forma parte de los controles habituales del organismo recaudador. “ARCA me pide explicar unas inconsistencias que detectaron, corregirlas, enviarlas, y un par de declaraciones de patrimonio. Para mí es normal, hace más de 20 años que soy autónomo; cuando se detectan irregularidades, hay que corregirlas”, sostuvo.

El contratista también se refirió a su declaración judicial, en la que afirmó que la obra de remodelación de la vivienda de Adorni, ubicada en Exaltación de la Cruz, tuvo un costo de 245.000 dólares y fue abonada en efectivo.

Consultado sobre si consideraba la intimación como un “apriete”, lo negó de manera categórica. “No, como contribuyente es lo que me corresponde. Es una de las posibilidades dentro de una investigación y de mi declaración”, afirmó.

En ese sentido, añadió que no ve motivos para interpretar el proceso como una maniobra irregular. “Me parece raro pensar que fuese un apriete. Sería descabellado”, expresó.

Tabar también señaló que no ha tenido contacto reciente con el funcionario ni con su entorno, y descartó cualquier vínculo personal o comunicaciones sobre la causa. La intimación de ARCA incluye la solicitud de documentación sobre ingresos, facturación y la actividad vinculada a los años 2024 y 2025.

El caso se enmarca en una investigación fiscal sobre inconsistencias patrimoniales, en la que el organismo busca determinar el origen de los fondos y la trazabilidad de la obra realizada en la propiedad del funcionario.

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