El fin de la ultraactividad impactará sobre cientos de acuerdos laborales

El Gobierno nacional amplió de 150 a 446 la cantidad de convenios colectivos de trabajo que deberán ser renegociados por sindicatos y empresas en el marco de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La medida fue oficializada este jueves por la Secretaría de Trabajo, que comenzó el proceso de intimación para actualizar acuerdos vencidos.

La decisión se apoya en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que modificó el funcionamiento de la ultraactividad, el mecanismo que hasta ahora mantenía vigentes los convenios colectivos aun después de su vencimiento hasta la firma de uno nuevo.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, el Gobierno informó que la Secretaría de Trabajo “dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 137” de la nueva legislación para que sindicatos y cámaras empresarias “comiencen las negociaciones colectivas correspondientes”.

La ampliación a 446 convenios responde a una interpretación más estricta de la ley y acelera uno de los cambios centrales de la reforma laboral. Según la normativa, las denominadas cláusulas obligacionales —como aportes solidarios, contribuciones especiales y mecanismos de financiamiento sindical— dejan de tener vigencia automática una vez vencido el convenio.

En cambio, las cláusulas normativas vinculadas a las condiciones laborales, como jornadas, categorías y licencias, continuarán vigentes hasta que se alcance un nuevo acuerdo entre las partes.

El decreto reglamentario 407, publicado recientemente por el Ejecutivo, habilita además que durante estas negociaciones puedan revisarse no solo los puntos vencidos, sino también otras cláusulas consideradas desactualizadas por empresas o sindicatos.

La iniciativa quedó bajo la órbita del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien encabezará el proceso de convocatoria y negociación entre los distintos sectores. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “modernizar” convenios que en muchos casos tienen décadas de antigüedad y adecuarlos a las nuevas modalidades laborales.

Sin embargo, la medida genera fuerte preocupación en el sindicalismo. Distintos gremios cuestionan el alcance de la reforma y advierten que el debilitamiento de la ultraactividad puede derivar en pérdida de derechos adquiridos y en una mayor presión sobre las negociaciones salariales y laborales.

Especialistas en derecho laboral señalan que el proceso podría abrir una etapa de alta conflictividad sindical debido a la enorme cantidad de convenios involucrados y a la diversidad de actividades alcanzadas.

La CGT y distintos sindicatos ya anticiparon que seguirán de cerca la aplicación de la normativa y no descartan acciones judiciales o medidas de fuerza si consideran que se vulneran derechos laborales consolidados.