Súper RIGI, lobby y ludopatía: la agenda oficialista para las próximas semanas

El Gobierno nacional ya puso en marcha su nuevo paquete legislativo y comienza a definir la estrategia para avanzar con cuatro proyectos considerados prioritarios en el Congreso. La agenda incluye el denominado Súper RIGI, la regulación de la actividad de lobby, una ley sobre ludopatía digital y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, en un escenario atravesado por la inminente llegada del Mundial de fútbol.

Las iniciativas fueron distribuidas entre ambas cámaras. Mientras el proyecto para regular la gestión de intereses y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias ingresaron por la Cámara de Diputados, las propuestas sobre ludopatía digital y etiquetado frontal fueron enviadas al Senado.

En la Casa Rosada consideran que el diseño parlamentario favorece el tratamiento de los proyectos, ya que las principales comisiones que intervendrán en el debate están presididas por legisladores alineados con el oficialismo o por dirigentes cercanos a sus posiciones.

La iniciativa para regular el lobby comenzará a discutirse en un plenario integrado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Ambas son encabezadas por diputados de La Libertad Avanza, lo que le otorga al oficialismo un margen importante para administrar el ritmo de las discusiones.

Por su parte, el denominado Súper RIGI tendrá como comisión cabecera a Presupuesto y Hacienda. El proyecto busca atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores estratégicos como inteligencia artificial, biotecnología avanzada, semiconductores e infraestructura digital mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Además de Presupuesto, se prevé la participación de las comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología, que analizarán aspectos vinculados al desarrollo productivo y la innovación.

En el Senado, la ley de prevención de la ludopatía digital fue girada a las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales. El texto propone establecer nuevas regulaciones sobre las apuestas en línea y mecanismos de protección para menores de edad y usuarios vulnerables.

La propuesta vinculada al etiquetado frontal aparece como una de las más sensibles desde el punto de vista político. La norma vigente fue aprobada en 2021 con amplias mayorías en ambas cámaras y contó con el respaldo de buena parte de los bloques que hoy integran la oposición dialoguista.

Por ese motivo, el Gobierno deberá construir consensos para avanzar con una derogación que podría generar resistencias tanto en sectores de la oposición como en organizaciones vinculadas a la salud pública y la defensa de los consumidores.

En términos parlamentarios, el oficialismo observa un escenario relativamente favorable para el tratamiento del Súper RIGI y la ley de lobby, iniciativas que podrían reunir el apoyo de aliados habituales que ya acompañaron proyectos clave como la Ley Bases y el régimen original de incentivos a las inversiones.

La situación es más incierta en el caso de la ludopatía digital y el etiquetado frontal, donde existen antecedentes de votaciones con amplias mayorías y posiciones más heterogéneas entre los distintos bloques políticos.

Mientras tanto, el Gobierno también deberá administrar los tiempos legislativos frente a la proximidad del Mundial. Históricamente, la actividad parlamentaria suele disminuir durante las grandes competencias deportivas internacionales, aunque en el oficialismo aseguran que buscarán mantener activas las comisiones y avanzar con los proyectos que consideren prioritarios.

Antes del inicio del torneo, previsto para junio, el Senado aún tiene en agenda una sesión en la que podrían debatirse pliegos judiciales, un acuerdo de pago vinculado a deuda pendiente con fondos internacionales y el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

Con este nuevo paquete de iniciativas, la Casa Rosada intenta sostener el impulso legislativo y ampliar su agenda de reformas en un año en el que busca consolidar cambios económicos, regulatorios e institucionales impulsados por la administración de Javier Milei.