La Justicia obligó a rehacer una obra tras detectar errores estructurales
La Justicia civil de La Plata ordenó a una empresa constructora rehacer una piscina que presentó graves fallas estructurales poco tiempo después de haber sido inaugurada y además le impuso una multa de $3,2 millones por daño punitivo.
El fallo también obliga a los demandados a afrontar las costas judiciales y contempla la demolición completa de la estructura dañada.
La demanda fue iniciada en 2022 por un consumidor que había contratado en 2016 la construcción de una piscina de 8 por 4 metros con solárium e iluminación.
El acuerdo incluía una garantía de diez años para la estructura y de un año para el sistema de filtrado.
Según consta en el expediente, apenas un mes después de finalizada la obra comenzaron a aparecer rajaduras y filtraciones de agua.
Con el paso del tiempo, el terreno cedió y la piscina terminó inutilizable.
El cliente realizó múltiples reclamos telefónicos, envió correos electrónicos y hasta remitió cartas documento, aunque nunca obtuvo una solución definitiva por parte de la empresa.
Durante el juicio, la firma sostuvo que los daños habían sido provocados por un supuesto mal mantenimiento del propietario.
Sin embargo, una pericia arquitectónica realizada en el expediente concluyó que las fallas respondían a errores constructivos, deficiencias en los materiales utilizados y problemas en la evaluación del suelo.
La jueza del Juzgado Civil y Comercial N°27 de La Plata consideró que el informe técnico resultó contundente y remarcó que la defensa no logró desacreditarlo con fundamentos científicos.
Además, valoró los testimonios que confirmaron que las grietas comenzaron a aparecer poco tiempo después de terminada la obra.
En el marco del proceso judicial, el responsable comercial de la empresa reconoció la existencia de la garantía escrita y admitió haber realizado reparaciones superficiales.
El expediente también reveló que la firma operaba bajo un nombre de fantasía y sin inscripción formal.
La sentencia estableció que, dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme, la empresa deberá entregar una nueva piscina idéntica a la contratada originalmente.
En caso de no poder concretar la reconstrucción, tendrá que abonar el valor actualizado de una obra equivalente.
El tribunal sostuvo además que la sanción económica busca desalentar prácticas abusivas y reforzar la protección de los consumidores frente a incumplimientos contractuales.
El caso volvió a poner en discusión la responsabilidad de las empresas constructoras y la importancia de las garantías en obras particulares, especialmente en servicios vinculados a viviendas y estructuras permanentes.
