Los representantes de la provincia de San Luis que intervinieron en la audiencia pública, organizada por el gobierno nacional para justificar los aumentos de gas afirmaron que el nuevo cuadro tarifario es “ilegal”, su mecánica organizativa es “inconstitucional” y que no se esta pensando en “los más humildes sino en los beneficios de las empresas petroleras”.
Tanto el Fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, como Marcelo Neme, asesor del senador nacional, Daniel Pérsico, cuestionaron el “tarifazo” y sostuvieron que la audiencia pública es inútil ya que “el precio que pretende cobrar el gobierno estaba establecido el viernes por las mañana antes que se escucharan las distintas posturas que allí se plantearon”.
Eduardo Allende, indicó que “es necesario transparentar el valor del gas en boca de pozo», y que “se debe pensar más en los sectores humildes que en las empresas petroleras y proveedoras”.
Por su parte, Marcelo Neme, repudió la exclusión de oradores de San Luis, que “se inscribieron en tiempo y forma y sin embargo, fueron excluidos de la lista de oradores”, como es el caso del senador nacional, Daniel Pérsico y el diputado provincial, Juan Larrea, “lo que tiñe de inconstitucional e ilegal esta audiencia”, apuntó.
En la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Allende recordó las acciones judiciales llevadas adelante por la provincia donde “nos planteamos que éramos conscientes del atraso tarifario del gas, pero que esto, debe tratarse de manera comprensible, racional y justa”.
“Para ello -indicó- tuvimos en cuenta lo que dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando define al gas natural como un servicio público y un derecho humano para su uso y goce; por ello, el precio que todos pagamos debe permitirnos el desarrollo del resto de las actividades humanas y no condicionar la vida de la gente sólo a pagar el gas”.
El fiscal mencionó además las consecuencias de la tarifa dolarizada y sostuvo que “la Argentina abandonó casi su moneda en la década de los 90 con la Ley de Convertibilidad; pero a poco de celebrar el Bicentenario renunciamos nuevamente a la independencia dolarizando nuestra economía; no estamos de acuerdo y tampoco lo vamos a permitir”.
Por su parte Marcelo Neme, criticó el discurso del ministro de industria de la Nación, José Aranguren y de los representantes de las petroleras porque “parece que en los últimos 15 años, hubiesen estado trabajando exclusivamente sin ganar ningún tipo de dinero, y esto no es real ya que la subvención ha sido pagada por el estado Nacional, es decir por todos nosotros y las petroleras no han puesto un peso”.
“Las empresas -aclaró- continuaron ganando los dineros que tenían previstos incluso sin hacer las inversiones comprometidas”, apunto el abogado.
Neme recordó que la audiencia fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que escuchar la opinión de los distintos sectores de la sociedad, respetándose la Constitución, sin embargo “nos encontramos con la sorpresa que el viernes, el ministro abrió la audiencia informando cuál iba a ser el cuadro tarifario de manera unilateral y pre establecida”.
El letrado se preguntó ¿para que estamos desarrollando esta audiencia pública si el cuadro ya esta determinado que sentido ha tenido todo esto?, y adelantó que “la ilegitimidad de esta situación va a motivar que sigan las acciones judiciales.
El asesor reconoció que “conocemos el atraso de tarifas pero entendemos que esto no puede resolverse como si lo que estuviéramos ofreciendo o produciendo autos de alta gama y la empresa tiene que ver si la educación económica le sirve o no le sirve”
“Estamos -aclaró- hablando de la prestación de un servicio básico, elemental no solo para la producción sino también para la vida de nuestros compatriotas y hay que tener en cuenta la cuestión social y dentro de ese marco, racional y gradual, no se puede imponer de forma indiscriminada un cuadro que nuestros compatriotas no van a poder ser pagar”, finalizó.
