Rechazaron el habeas corpus presentado por su defensa del Senador provincial Ariel Rosendo
La Cámara Penal 1 de Villa Mercedes resolvió desestimar el habeas corpus que Valentín Rivadera, abogado del senador Ariel Rosendo, presentó para frenar la detención del legislador, investigado por saquear la casa donde vivía, desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento y violar las medidas contra la propagación del coronavirus.
El tribunal, al igual que el fiscal de Cámara Néstor Lucero, consideró improcedente plantear un recurso de esa naturaleza cuando el legislador provincial todavía está lejos de ser detenido, al menos desde lo inmediato, porque aún cuenta con la inmunidad que le dan los fueros.
En el habeas corpus, el defensor señalaba que la decisión adoptada por el juez de instrucción Penal 2, Leandro Estrada, era apresurada y carecía de fundamentos. Cuestionaba la orden de «inmediata detención» porque hasta el momento no fue llevado a cabo el procedimiento parlamentario para despojarlo de los fueros legislativos, a un margen de que todavía hay pruebas pendientes de producción en la investigación por el robo, la desobediencia judicial y la violación de las medidas antiepidémicas. Según Rivadera, la decisión de arrestarlo «resulta ilegal, ya que se encuentra en pugna con un precepto de la Constitución Nacional».
Recordaba, además, que su cliente tiene domicilio fijo, trabajo estable, está al cuidado de su hija, menor de edad, y que, por lo tanto, no existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa.
El tribunal, compuesto por los jueces Virna Eguinoa, Sebastián Cadelago Filippi y Hernán Herrera, aclaró que, para empezar, la resolución adoptada por Estrada no está firme, tampoco fue fijada una fecha para tomarle declaración indagatoria al senador y que la Cámara de Senadores de la Provincia aún no examinó el oficio para suspender en sus funciones a Rosendo, un documento que recién fue girado este miércoles, casi en simultáneo con la decisión de la Cámara.
La Cámara indica que los argumentos de la defensa no son idóneos respecto a lo normado por el Código Penal en tanto que la amenaza a la libertad del legislador proviene «de una disposición emanada por una autoridad judicial (en este caso, Estrada) competente en la materia y el territorio y, de momento, resulta meramente potencial o presuntiva».
