La causa De Vido involucraría a numerosos funcionarios de San Luis

El procesamiento y detención del ex ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, podría tener derivaciones de imprevisibles consecuencias para el intendente Enrique Ponce y varios de sus secretarios, como también funcionarios de la anterior gestión gubernamental.

Con respecto a los funcionarios del anterior gobierno de San Luis existen dudas, toda vez que debería ser citado el ex gobernador Claudio Poggi, electo senador nacional por Cambiemos, junto con los ex ministros de Hacienda, José María Emer y Néstor Ordoñez; y la ex ministra de Vivienda Cecilia Lucero. Esta última tuvo un trato íntimo con el ex secretario de Servicios Públicos, José López, detenido cuando llevaba un diezmo de 9 millones de dólares a un convento.

En San Luis capital, ya trascendió el listado de funcionarios que están incluidos en la agenda de los fiscales e investigadores. El intendente Enrique Ponce sería uno de ellos. En virtud de que se reunió en varias ocasiones con De Vido y recibió numerosas obras durante su primera gestión. Del municipio capitalino también deberían declarar el Arq. Enrique Javier Picco López, histórico Secretario Municipal de Infraestructura, y el también eterno Secretario de Hacienda, C.P.N. Esteban Andrés Pringles Moyano.

Modus Operandi

Una de las líneas de investigación más firmes, porque su repetición supone un “modus operandi”, es la financiación de obras públicas en el interior, básicamente municipios y gobiernos, para la construcción de viviendas, plantas colectoras, pavimento y extensión de la red cloacal en infinidad de ciudades y pueblos de todo el país.

Lo que los fiscales han determinado es que en todos los casos la contratación se hizo a través de empresas de dudosa capacidad técnica y sin trayectoria (“firmas fantasmas”, las llaman), que se conformaban al solo efecto de adjudicarse en forma directa las obras. Dichas empresas recibían los fondos, abonaban el retorno a De Vido y López, entre otros, y los certificados de obras los firmaban los intendentes.

En la mayor parte de los casos existe la firme sospecha de que incluso las propias empresas eran conformadas por testaferros, familiares o allegados de los intendentes, completando un círculo de corrupción que encarecía hasta un 100% el costo original de las obras.

Por este motivo es que en general las obras se demoraban en los plazos pactados, nunca se terminaban o en ocasiones ni siquiera llegaban a ejecutarse, pero los fondos se desembolsaban y se cobraban. Gracias a la complicidad de los propios intendentes, que certificaban las inexistentes obras de las cuales nadie llegaba a enterarse.

La escasa o nula capacidad de las empresas, que subcontrataban a firmas poco menos que truchas para pagar el menor precio posible, llevó a que se produjeran deficiencias constructivas notables. Recordar por caso el escándalo que fue la construcción de la obra del Paseo del Padre, que llevó al propio senador nacional Daniel Pérsico a cuestionar seriamente la calidad de la obra y los sobreprecios pagados por Enrique Ponce a una dudosa empresa de Río Cuarto.

Otra línea de investigación también llega a los propios gobernadores o ex mandatarios que financiaron obras a través del gobierno nacional, por gestiones de De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López. La metodología era calcada, por eso surgieron numerosas empresas de la nada, porque la certificación y el control de las obras la hacían funcionarios provinciales, no representantes nacionales o terceros independientes como los colegios profesionales.

Según lo que ha trascendido de fuentes macristas, cuando comience lo que será un largo proceso que algunos equiparan con la operación Java Lato (por lavado de dinero) en Brasil o el Mani Pulite (Manos limpias) en Italia, comenzarían a desfilar por los tribunales porteños prominentes dirigentes políticos de todo el país.