El Gobierno Nacional no reglamenta la Ley de Electrodependientes

Ya pasaron tres meses desde la sanción de la ley que garantiza el servicio gratuito de electricidad, para las personas que lo requieren de manera permanente por razones de salud, y el gobierno nacional parece no tener apuro en reglamentar la norma. Por el momento los usuarios beneficiarios siguen recibiendo facturas de hasta 7 mil pesos e intimaciones de corte.

El 26 de abril el Congreso de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece la prestación del servicio sin cargo, garantiza su provisión permanente y con niveles de tensión adecuados a personas que lo requieran por motivos de salud.

“Nada cambió en relación a la situación del año pasado, cuando todavía no contábamos con una legislación que nos ampare. La ley no se reglamentó y quedamos a merced de la decisión de las distribuidoras”, se quejó Mauro Stefanizzi, miembro de la Asociación Argentina de Electrodependientes y papá de Joaquín, quien requiere de este servicio de manera permanente.  

El 29 de mayo la Asociación elevó una carta a la Casa Rosada para pedir una audiencia con el presidente Mauricio Macri, a fin de insistir con el reclamo de reglamentación de la medida. Sin embargo, la entidad no fue recibida. La semana pasada hizo lo mismo con las autoridades del Ministerio de Salud, de quienes tampoco obtuvo respuesta.

“Entendemos que se tienen que establecer reglas para ver qué área del Ministerio de Salud debe llevar a cabo el registro de electrodependientes, para que se pueden entregar los generadores y el combustible. Esto queda a cargo del Ejecutivo”, señaló Stefanizzi. “Lo que queda claro es que no le interesa esta ley”, agregó.

El Ministerio de Energía de la Nación reconoció la demora en la implementación de la norma y atribuyó el atraso en la distribución de los generadores, a la necesidad de resolver cuestiones medioambientales. 

Hace un mes el Ministerio de Energía, como medida paliativa, instó a las distribuidoras a que otorguen la gratuidad del suministro. La instrumentación estaba a cargo del ENRE, que recién la semana pasada comenzó con la implementación de la gratuidad de la tarifa, que se aplicará de manera retroactivo a mayo para las distribuidoras Edenor y Edesur, donde tiene jurisdicción el organismo.

El resto de las provincias debe acogerse a la norma, pero para ello debe estar reglamentada y en vigencia. De todos modos, aún queda pendiente la creación de un registro y la distribución de los generadores, algo tan importante como la tarifa cero, pero que depende de que el Ejecutivo tenga la voluntad política de reglamentar la ley.