La decisión que la Corte Suprema de Justicia podría llegar a tomar la próxima semana sobre el tema tarifas es un foco de atención del Gobierno nacional y de los dirigentes de la oposición.
Para el Gobierno, la suba de tarifas es un camino que no tiene retorno, mientras que entre las distintas fuerzas de la oposición -donde también aguardan el pronunciamiento del máximo tribunal- oscilan entre la necesidad de que el tema tenga una respuesta «política» y la posibilidad de dar de baja los aumentos y barajar de nuevo.
El máximo tribunal solicitó el martes pasado a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que emita un dictamen en torno al tema -que tiene carácter no vinculante- y con la entrega del documento, que podría ocurrir entre el lunes y el martes, a más tardar, ya estaría en condiciones de dar a conocer su posición en la causa en la que la Cámara Federal de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Energía para instrumentar los nuevos cuadros tarifarios.
La objeción en la que se basó el tribunal de segunda instancia es la falta de convocatoria a una audiencia pública antes de poner en marcha la suba, lo que el Gobierno buscó suplir al anunciar un nuevo cuadro tarifario a principios de julio -que también se encuentra frenado- en el que anunció la concreción de una audiencia en octubre próximo.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que «la mayoría de los argentinos entiende que no había camino alternativo» respecto a la necesidad de instrumentar subas en las tarifas de los servicios públicos, al tiempo que repitió que aguarda la determinación de la Corte Suprema.
«La mayoría de los argentinos entiende que no había otro camino alternativo y que era el que había que tomar para volver a crecer como país, además de tomar conciencia de la escasez de los recursos», afirmó el jefe de ministros.
Peña -en diálogo con el canal América 24- sostuvo que los nuevos cuadros tarifarios permitirán «mejorar la situación” del sector energético.
Por su parte, el diputado del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo que en la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el aumento tarifario «está en juego la supervivencia y la calidad de vida» de las pequeñas y medianas empresas y de la gente, y consideró que «es fundamental la razonabilidad en los precios» de los servicios públicos.
«Ahora hay que esperar el fallo de la Corte. Hay familias y pequeñas y medianas empresas que tienen en juego en esta decisión su supervivencia, su calidad de vida. Que un jubilado no pueda pagar la luz o el gas no es menor, hace a su calidad de vida. Y no es una decisión técnica, es una decisión política», dijo a radio Mitre.
Massa reconoció que «el gobierno heredó en materia energética una situación desastrosa», al tiempo que advirtió la necesidad de acordar «un precio razonable, que el usuario lo pueda pagar».
«Tenemos incertidumbre, la gente no sabe qué tiene que hacer con la boleta que le llegó a la casa. Lo que terminamos es discutiendo técnicamente el tope de 400%, si ajustaron o se reajustaron, si se modificó para arriba y abajo, y parte del problema es esa incertidumbre, en un tema que impacta en el funcionamiento de cualquier familia», consideró.
En tanto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Héctor Recalde, volvió a insistir en la necesidad de que el Congreso anule los aumentos dispuestos por el Gobierno y que se vuelva a discutir la cuestión a partir de nuevos parámetros.
En ese marco, a pesar de que la oposición no logró su cometido de citar para a interpelar en el recinto de la Cámara de Diputados al ministro de Energía, Juan José Aranguren, se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado entre los distintos bloques para que el funcionario concurra el próximo martes a exponer en un plenario de cuatro comisiones.
No obstante, Recalde remarcó que aún queda «pendiente una discusión por saldar» con el Frente Renovador (FR) referida a que ese bloque quiere sacar un proyecto de resolución que evite la suba de los servicios públicos, mientras que el FpV pugna por la sanción de una ley.
«Ayer nos pusimos de acuerdo los jefes de los bloques de la oposición para convocar la semana que viene a una sesión especial para que el Parlamento se expida, porque es una barbaridad lo que está pasando, no se puede judicializar la política», dijo en radio Del Plata.
