19 abril, 2024

Piden que San Luis efectivice el sistema de prevención de la tortura en las cárceles

El secretario del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia, envió una nota a la Cámara de Diputados de San Luis donde le solicita que «efectivice el cumplimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura las cárceles», informaron hoy voceros parlamentarios.

El secretario del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia, envió una nota a la Cámara de Diputados de San Luis donde le solicita que «efectivice el cumplimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura las cárceles», informaron hoy voceros parlamentarios.

Las autoridades del bloque de diputados provinciales del radicalismo, dijeron que respuesta al requerimiento, esa bancada impulsará nuevamente un proyecto que propicia la implementación de esa normativa.

El diputado radical, Alejandro Cacace, presentó en el año 2014, un proyecto para la adhesión a ese protocolo, pero la iniciativa perdió estado legislativo por lo que insistirá en una nueva presentación durante este año legislativo.

El propósito de la iniciativa es consolidar “el respeto por los Derechos Humanos en las cárceles, entendiendo que las condenas que cumplen los reclusos no constituye excusa para perpetrar tratos inhumanos y degradantes por agentes del Servicio Penitenciario y Policías”, indicaron las autoridades de la bancada en un comunicado.

El Consejo Federal de Derechos Humanos requirió que la provincia acelere la aplicación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura, después que en 2014 se difundieran imágenes de la cárcel de San Luis donde pudo observarse requisas vejatorias de jóvenes entre 18 a 20 años.

El Gobierno nacional exhortó al Servicio Penitenciario puntano poner fin a esas prácticas violatorias de Derechos Humanos y crear un mecanismo provincial de prevención en favor de los penados y procesados privados de libertad.

La iniciativa del radicalismo es apoyada por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT); la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en San Luis, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación y el Observatorio Internacional de Prisioneros de Argentina (OIP), según se informó.