Los familiares de los cuatro jóvenes detenidos por el caso de la violación múltiple a una niña wichí de doce años denunciaron ante la Justicia que fueron sometidos a torturas en la Alcaldía de Tartagal y, tras insistir en que «son inocentes», sostuvieron que son los «chivos expiatorios» de maniobras políticas.
Los acusados son Matías Salvatierra, Omar Arias, ambos de 19 años, además de Javier Pantaleón y Luis Fernando Lamas, de 20, quienes se encuentran detenidos desde el 10 de junio último, sospechados de haber participado del brutal ataque a la niña de la comunidad de Alto La Sierra, en el norte provincial, cometido en noviembre pasado.
La pequeña víctima, según se supo luego, habría sufrido un abuso anterior, ya que se habría encontrado embarazada de dos meses en el momento del ataque en banda.
Las madres de los jóvenes aseguraron que sufrieron apremios ilegales e insistieron en la inocencia de sus hijos, a la vez que aseguraron que las detenciones responden a la necesidad política de dar una respuesta veloz al caso, que generó un escándalo en la provincia.
Los mismos jóvenes habían sido apresados en marzo pasado, pero se los liberó «por falta de pruebas y de evidencias que los sitúen en el lugar de los hechos», informó la justicia en ese momento. «Dejaremos nuestra vida para demostrar que nuestros hijos son inocentes. En realidad, son víctimas del poder político que quiere aparecer en los medios haciendo creer que en Salta no hay impunidad y que se preocupan por los aborígenes», aseguraron las mujeres.
«Es todo una mentira, una falsedad absoluta que lamentablemente tiene a nuestros hijos como chivos expiatorios», afirmaron Tomasa Quiroga, Eugenia Salvatierra, Nora Salvatierra y Liberata Salas.
Las mujeres respaldaron lo que afirmaba un «certificado del médico legal», dijeron, respecto de que «esa chica no había sido violada», a pesar de lo cual en junio «volvieron a ser detenidos», se quejaron. Una amiga de la nena wichí, de 14 años, dio testimonio en Cámara Gesell del ataque en banda del que fue víctima y del que ella misma logró huir corriendo.
Las madres de los detenidos, en declaraciones a la prensa local, recordaron que médicos constataron que la nena «para la fecha de la supuesta violación estaba embarazada de dos meses».
El embarazo fue interrumpido a los siete meses de gestación porque se determinó que era inviable, ya que el bebé sufría una malformación cerebral.
Las denunciantes pidieron «a los medios de comunicación y a esos mismos políticos y jueces, que se llenan la boca hablando de este caso, que se tomen el trabajo y vayan a ver cómo está hoy esa chica». «Es una pena verla tirada en la calle, alcoholizada y consumiendo drogas. Después que nació su bebé en el hospital Materno Infantil, la trajeron de vuelta sin siquiera hacerle un tratamiento. Está en peores condiciones que cuando se denunció esta mentira», sostuvieron.
