Lo definieron los jefes de bloque en una reunión de Labor Parlamentaria. El 1º de agosto habría dictamen.
Tras una tensa reunión de Labor Parlamentaria, donde el punto de discordia se centró en los giros a comisiones, senadores de diferentes bloques acordaron ayer celebrar la sesión para discutir el proyecto de legalización del aborto el próximo miércoles 8 de agosto.
La idea de los legisladores a favor del aborto es alcanzar la firma de los dictámenes una semana antes, el 1º de agosto.
No hubo acuerdo respecto a los giros a comisiones, controversia que se inició cuando la vicepresidenta, Gabriela Michetti, dispuso cuatro giros, entre ellos los de Presupuesto y Asuntos Constitucionales.
Si bien hasta el inicio de la sesión seguirán las gestiones para una salida política negociada, una posibilidad firme que se barajaba era que los giros a comisiones se zanjaran a través de la votación en el recinto en la sesión de hoy convocada a las 13:30.
La decisión de Michetti, una ferviente detractora del proyecto de aborto legal, desató una tormenta política en el Congreso y fue duramente cuestionada por el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien envió una nota formal para impugnar esa medida.
El rionegrino consideró que la vicepresidenta buscó «dilatar» un proceso de debate que a su juicio ya había tenido suficiente desarrollo en la Cámara iniciadora, donde se realizaron 738 ponencias con especialistas.
El mismo argumento esgrimió el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, quien también presentó una nota formal para objetar los giros.
Desde que recibió las notas formales, Michetti tenía tres días hábiles para resolver conforme lo establecido por el artículo 90 del Reglamento del Senado: al haberse vencido ese plazo, la legislación establece que la cuestión sea considerada por el cuerpo en la siguiente sesión.
Un senador a favor de la despenalización reveló que hubo un ofrecimiento concreto para acotar de cuatro a tres la cantidad de comisiones, pero la propuesta fue desoída por la vicepresidenta, quien se mantuvo inamovible en la estrategia pergeñada la semana pasada en un encuentro junto a los principales referentes del sector antiabortista de Cambiemos en el Senado.
La estrategia consiste en encarrilar el debate en comisiones que sean encabezadas por senadores «provida», como por ejemplo la de Presupuesto, a cargo de Esteban Bullrich, quien abiertamente milita la postura antiaborto.
A contramano de lo acontecido en Diputados, donde la comisión cabecera de los plenarios fue la de Legislación General, Michetti definió que en el Senado ese rol recaiga en la de Salud, que tiene al frente a otro legislador antiabortista como el radical Mario Fiad.
Un grupo de abogados en contra del aborto presentaron ayer en el Senado una carta dirigida a los 72 senadores advirtiendo sobre las «graves falencias jurídicas» que tiene la iniciativa de aborto legal, y alertando sobre la «alta litigiosidad» que podría desencadenar la aplicación de la norma.
El sector pro-aborto activó ayer la campaña dentro del Congreso a través de una conferencia de prensa en el Salón Illia de la Cámara alta con el grupo de senadores a favor de la iniciativa que motorizará el debate hasta el 8 de agosto.
Por parte del interbloque Argentina Federal participó la pampeana Norma Durango, quien pidió «votar la ley tal como viene de Diputados» y aclaró que en cualquier caso «si hay alguna modificación que hacer, se puede hacer en la reglamentación», sin necesidad de «retrasar» el proceso.
La legisladora explicó que la iniciativa «no va a obligar a nadie a practicarse a un aborto, sino que va a permitir que las mujeres que quieran interrumpir un embarazo lo puedan hacer legalmente y acompañadas por un Estado».
La kirchnerista Nancy González enfatizó que existe «preocupación» por los giros resueltos por Michetti, en particular a las comisiones de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales, los que calificó de «innecesarios».
Pese a eso, la senadora chubutense encargó a sus asesores un informe que comparó los gastos que le demandaría al Estado hacerse cargo de los abortos contra los que actualmente afronta el sistema público por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos.
El 12 de junio se aprobó el dictamen en la Cámara de Diputados: obtuvo 64 firmas a favor y 57 rechazos. Al día siguiente, en una sesión histórica se logró la media sanción: 129 diputadas y diputados apoyaron el proyecto y 127 lo rechazaron.
Fuente: El Diario de la República
