29 marzo, 2024

El gobierno de San Luis decreta la emergencia administrativa

La medida decretada por el Gobierno puntano se debe al ciberataque sufrido en el Data Center la semana pasada. Abarca a toda la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y se prolongará por 90 días.

La medida decretada por el Gobierno puntano se debe al ciberataque sufrido en el Data Center la semana pasada. Abarca a toda la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y se prolongará por 90 días.

Tras un minucioso informe presentado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y considerando que el hecho delictivo, que ya fue denunciado, impide continuar el normal procedimiento administrativo que rige la actividad del Poder Ejecutivo, generando un hecho fortuito que atenta contra la necesidad de garantizar su normal desenvolvimiento y cumplimiento de obligaciones, situación inédita que debe resolverse de manera urgente.

Por tal motivo, el Gobierno provincial declaró la emergencia administrativa del Poder Ejecutivo, que incluye el Data Center, los datos del sistema de gestión de expedientes digitales administrativos TRAMIX, la totalidad de resoluciones, notas, registros, antecedentes, archivos y toda información de soporte digital obrantes en la Autopista de la Información (AUI).

El documento establece que esta emergencia se declara por un plazo de 90 días hábiles administrativos a contar desde este viernes, a fin de producir la reorganización administrativa necesaria para optimizar y restablecer los recursos económicos y funciones administrativas, derechos subjetivos e interés público para el logro de los fines y objetivos fundamentales del Estado provincial en beneficio de la población, ante la situación generada por las graves circunstancias denunciadas ante la Justicia Federal con asiento en esta provincia.

La emergencia abarca toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.

ANSL