Rodeado del apoyo de embajadores de más de una quincena de países americanos y europeos, el Parlamento venezolano, en manos de la oposición, ratificó hoy su vigencia en su primera sesión desde que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se atribuyera ayer algunas de sus facultades para legislar.
La resistencia del Congreso a la reciente decisión de la Constituyente preanuncia nuevos enfrentamientos entre oficialistas y opositores en las horas siguientes a dos sucesos que sobresalieron en el panorama político venezolano: la confirmación del presidente Nicolás Maduro de que pretende ir por la reelección, y la huida del país de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz.
No obstante, la resistida ANC sigue adelante con sus planes y la Comisión de la Verdad creada en el seno del organismo anunció hoy que empezará a tratar los casos de los cientos de detenidos durante las recientes manifestaciones antigubernamentales, para dictar recomendaciones sobre qué hacer con ellos.
El Parlamento, en tanto, acordó rechazar «la usurpación de la soberanía popular» representada por el Congreso como «único titular del poder legislativo», y continuar activo para seguir defendiendo el mandato que le otorgaron las 14 millones de personas que votaron en las elecciones legislativas de diciembre de 2015.
«Desconocemos, rechazamos y no obedeceremos esa pretendida disolución. Aquí nadie se come el cuento de que no lo disolvieron, sino que le quitaron las competencias», afirmó el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, y agregó: «Se parecen a (el comediante mexicano) Cantinflas cuando decía: ‘yo no la maté, sólo la asesiné'».
«Esta Asamblea ratifica su competencia como órgano legislativo y desconoce la destitución que se pretendía con este fraude constituyente», señaló, por su parte, el legislador luego de aprobarse el acuerdo en la sesión realizada en la cámara legislativa, reportaron las agencias de noticias EFE, DPA y Reuters.
En la jornada de hoy acudieron al Parlamento representantes diplomáticos de España, Alemania, México, la Argentina, el Reino Unido, Francia y otros países europeos y americanos, para mostrar su respaldo a la Cámara.
La ANC, que no es reconocida por la oposición y sólo se integra de representantes del chavismo, se adjudicó una preeminencia sobre todos los poderes del Estado que le permitió ayer emitir un decreto según el cual tomaba algunas facultades del Parlamento para legislar.
El cuerpo plenipotenciario aprobó «asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos».
La medida, que alegó el poder supraconstitucional de la ACN para emitir decisiones incontestables, también basta «para dictar actos parlamentarios sin forma de ley vinculados con las referidas materias, conforme al mandato del artículo 349 de la Constitución».
La decisión fue rechazada por 12 gobiernos americanos, entre ellos el de la Argentina, que manifestaron en un comunicado conjunto su «enérgica condena» ante la «usurpación» que, consideran, hizo la ANC.
La docena de países descontentos con la medida son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Estos países integran el autodenominado Grupo de Lima, tras la declaración suscripta por sus cancilleres hace 10 días en la capital peruana para denunciar una «dictadura» y «quiebre democrático» en Venezuela.
En el mismo sentido, el gobierno de Estados Unidos condenó la «toma de poderes» de la ANC, organismo que la administración del presidente Donald Trump no reconoce.
«Esta toma de poderes está diseñada para suplantar el Parlamento democráticamente elegido por un comité autoritario que opera por encima de la ley», aseguró el Departamento de Estado en un comunicado. Y añadió: «Bajo nuestro punto de vista, el Parlamento es el único órgano legislativo legítimo».
Por su parte, la Comisión de la Verdad, creada por la ANC para investigar hechos de «violencia política» en Venezuela, anunció hoy que empezará a tratar los casos de los cientos de detenidos durante las recientes manifestaciones antigubernamentales para dictar recomendaciones sobre qué hacer con ellos.
«Hemos hecho un listado para clasificar todos los privados de libertad que se encuentran en este momento en distintos centros de detención y al final de esta semana iniciaremos las entrevistas», dijo la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, tras una sesión de trabajo de la comisión que también preside.
La escalada en el conflicto entre constituyentes y legisladores ocurre horas después de que la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz -una histórica chavista que entró en colisión con el gobierno de Nicolás Maduro en marzo pasado- huyera en una lancha hasta Aruba y desde allí viajara en avión a Bogotá.
El ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, confirmó hoy que Ortega y su esposo, el diputado Germán Ferrer, ingresaron ayer al país, pero declinó precisar su «situación jurídica» al indicar que este asunto está en manos de la Cancillería.
«La oficina de Migración Colombia nos ha confirmado que ella ingresó al país, pero ya sobre su situación jurídica será la señora canciller de la República de Colombia (María Ángela Holguín) quien exprese la voz oficial del gobierno nacional», dijo Rivera, según consignó la agencia de noticias EFE.
