28 marzo, 2024

El boleto del Transpuntano aumentaría a más de 30 pesos en enero

Aseguraron que presentarán una ordenanza para llevar el boleto a 30,25 pesos en enero y algunas medidas que calificaron como «anticrisis», entre ellas, despidos y la reducción en un 50 por ciento de la frecuencia de los colectivos.

Aseguraron que presentarán una ordenanza para llevar el boleto a 30,25 pesos en enero y algunas medidas que calificaron como «anticrisis», entre ellas, despidos y la reducción en un 50 por ciento de la frecuencia de los colectivos.

Transpuntano está en aprietos y sus directores no lo disimulan. La empresa de transporte urbano de la ciudad, que posee como socio mayoritario a la Intendencia, hasta ayer no tenía ni siquiera el dinero para pagar los haberes de octubre a sus empleados. Esto provocó el alerta en el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor), quienes se reunieron y pautaron que, de no concretarse el pago, realizarían hoy una serie de asambleas con cortes en las frecuencias de los colectivos. La empresa exigió al Concejo Deliberante que apruebe el dictamen que llevaría el boleto a 16,50 pesos; pedirán para enero uno a más de 30 pesos y presentarán un plan «anticrisis» a la Secretaría de Trabajo de la Nación para «solventar y solucionar» sus conflictos.

Son varios los problemas que mantienen en vilo al presidente de Transpuntano y hermano del intendente Enrique, Carlos Ponce. El más inmediato es que aún el Concejo Deliberante no le aprueba la readecuación de la tarifa del colectivo, pero peor es que necesita que se apruebe el dictamen que salió por minoría de la Comisión de Transporte que dejaría, hasta fin de año, un boleto a 16,50 pesos. Mientras que por mayoría el despacho propone una tarifa de 15 pesos. «Sistemáticamente, los concejales bajo una desaprensión fijan los costos de un boleto no basado en la realidad, sino en una presunción personal de lo que vale o no un pasaje en la ciudad. Consideramos irrisorio un boleto a 15 pesos y más dada la caducidad del subsidio nacional en la provincia. Vamos a hacer todo lo posible para que el aumento sea a 16,50 pesos», indicó Carlos Ponce en una conferencia de prensa a la que también asistió el secretario de Gobierno, Francisco Petrino. Para ambos funcionarios, con ese precio en el pasaje podrán sobrellevar los próximos meses.

Las noticias fueron todas malas. Previendo la quita de subsidios al transporte que hará el gobierno de Mauricio Macri (el jefe político de Ponce) a todas las provincias, la empresa ideó dos acciones. A la ratificación del pedido, casi como un ruego, del aumento de pasaje, le siguió el plan para poder subsistir, valga la redundancia, sin subsidios. Por un lado, Petrino aseguró que están trabajando «en un proyecto de ordenanza para el caso en que los reclamos que se hacen en Nación, a través de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Transporte, Guillermo Dietrich, y los reclamos que se le hizo a la provincia (ante el ahogo al que los llevó la Nación), no prosperen, preparar un reajuste para enero de 2019 con un boleto de 30 pesos». Luego, Ponce lo corrigió y le agregó 25 centavos.

Y por otro, presentarán mañana un procedimiento preventivo de crisis económica ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Ponce aseguró que conlleva una serie de normas que deben seguir para solucionar la crisis, entre ellas, la disminución en un 50 por ciento de la frecuencia de los colectivos; la supresión de las líneas que no sean redituables y la suspensión, rotación y despidos que llegarían a un 40 por ciento de los trabajadores, aproximadamente. Aseguró que «también se está estudiando una eliminación de todas aquellas líneas que no son rentables y que representan un costo extraordinario e irrecuperable para la empresa».

Reiteró que con 15 pesos no es viable prestar el servicio como lo vienen haciendo. «Ahí tendríamos que hacer los recortes que incluye la eliminación de las líneas que no son redituables, en ese caso habría que tratar de incluir esos barrios en los recorridos de otras líneas», propuso.

«Este procedimiento nos permitirá iniciar negociaciones con los representantes gremiales para poder solventar y solucionar la crisis que puede ocurrir a partir del 1º de enero, con la supresión de los subsidios nacionales. No es un concurso de acreedores; es, como lo dice su nombre, algo preventivo para evitar una crisis que se pueda desarrollar. Eso no quiere decir que se realice y que sea así, solo es un proceso que dura seis meses y, por supuesto, incluye a tres participantes, uno es la Secretaría de Trabajo de la Nación, la empresa solicitante y los representantes de la UTA», afirmó.