Denuncian violaciones a los derechos humanos y colapso del sistema penal en cárceles bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un anticipo de su informe anual acerca de los relevados durante 2015 en los lugares de encierro y políticas de seguridad, y denunció «violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal», por lo que pidieron «reformas estructurales de manera urgente».

«Torturas sistemáticas, muertes evitables, sobrencarcelamiento, violencia policial, desprotección de los derechos de la niñez y adolescencia, crisis del sistema de salud mental y falta de acceso a la justicia» son los principales indicadores de este nuevo informe.

Además detalla que la provincia de Buenos Aires «nunca tuvo tantas personas detenidas ni tantos policías en las calles como en la actualidad; sin embargo, esta política punitivista lejos de solucionar los problemas de seguridad ha incrementado las violaciones a los derechos humanos».

En similar sintonía, la Defensoría de Casación bonaerense reveló 276 casos de torturas y tratos inhumanos entre enero y abril de este año por parte de efectivos policiales y penitenciarios.

De la cifra registrada, 221 casos corresponden a hechos de torturas y otros tratos crueles, de los cuales 52 casos tienen como víctimas a niños o jóvenes menores de 18 años. En cuanto a los autores de las agresiones, en 121 casos las víctimas denunciaron a personal policial, mientras que en otros 95 casos los responsables fueron penitenciarios.

Con relación al colapso del sistema de encierro en la Provincia, la presentación del CPM señala el «récord histórico de 39.927 detenidos que llevó la tasa de encarcelamiento provincial a 255 cada 100.000 habitantes, de los cuales un 56% está detenido en prisión preventiva» y «las 145 muertes por cárcel dónde el 65% fueron por cuestiones de salud que habrían podido evitarse».

También, «el registro de 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de
detenció»; «12.787 casos de tortura denunciados judicialmente»; «3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad de las cuales sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes con penas leves»; «2 menores de 18 años murieron en las cárceles de jóvenes»; y «79 personas murieron solamente en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos».

«Un 59,8% de sobrepoblación en el sistema penitenciario, donde 34.096 personas se alojaban en las 20.732 plazas existentes en los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales», es otro de los datos salientes del trabajo de relevamiento y monitoreo.

Desde el organismo que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil destacaron que el Informe Anual 2016 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad constata, una vez más, el «colapso del sistema penal».

«Si bien los datos expuestos son del período enero-diciembre 2015 y dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos derivadas de la política criminal del gobierno saliente, el escenario actual no es muy diferente ni lo será a menos que se modifique la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres», explicaron.

Solicitaron «implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces y la ley de salud mental» y pidieron cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura de ONU».

«Las violaciones a los derechos humanos que se desprenden de la aplicación de estas políticas punitivistas atentan contra el sistema democrático y obligan a fortalecer la lucha contra la tortura y otras formas de violencia institucional», reflexionaron.

La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires es un organismo público extra poderes que funciona de manera autónoma y autárquica creado por resolución legislativa 2117 de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en julio de 1999.

Está integrada por referentes de organismos de derechos humanos, religiosos de distintos credos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, legisladores y sindicalistas, como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de estado y la promoción de los derechos humanos.