Controversia entre San Luis y la Nación por la expropiación de terrenos

La expropiación de unas 300 hectáreas pertenecientes al ministerio de Defensa a manos de la ciudad de San Luis provocó una controversia entre el intendente capitalino Enrique Ponce, los concejales puntanos y funcionarios de la cartera castrense, que pidieron la marcha atrás de la medida y amenazaron con judicializar el conflicto.

El secretario de Servicios Logísticos para la Defensa, Walter Ceballos, solicitó hoy al intendente Ponce que vete o derogue la expropiación de terrenos de Granja La Amalia, aprobada en el Concejo Deliberante el miércoles último, y adelantó que de no hacerlo la Nación se verá obligada a reclamarlos judicialmente.

Por su parte, el jefe comunal puntano definió la decisión tomada como parte de «las facultades otorgadas por la Constitución Nacional a un intendente elegido por el pueblo, al igual que los concejales» y afirmó que «tener que obedecer el pedido de un funcionario nacional, por el que se exige el veto de un acto de la democracia, me parece como mínimo irrespetuoso».

Si bien Ponce se mostró dispuesto al diálogo en la rueda de prensa que brindó hoy en la intendencia, aclaró que «de todas maneras la ordenanza ya está promulgada, y -subrayó- que tendría que tener razones más que suficientes, para cambiar de opinión, sobre algo que beneficia a todos los titulares e inscriptos en el programa ‘Tu techo’ y ‘Tu Tierra'».

La ordenanza fue aprobada por unanimidad la semana última con el respaldo de Compromiso Federal y del Frente para la Victoria y determinó el pase a la órbita de la municipalidad de la capital provincial de 14 hectáreas de la estación del ex-sistema ferroviario General San Martín y 282 hectáreas del predio Granja La Amalia.

Para los ediles que participaron de la sesión, fue un acierto pasar las tierras públicas que hasta el miércoles pertenecían al ministerio de Defensa a manos de la ciudad, ante la posibilidad de que fueran entregadas para su explotación a privados.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria, José Luis Dopazo, explicó que «se trató de una sesión histórica de defensa del patrimonio municipal y provincial», ante el decreto del gobierno nacional por el cual dispuso desprenderse de predios fiscales y destacó que «desde 1985 se viene bregando para que los terrenos de la Granja La Amalia pasen al Estado municipal».

El proyecto ingresó al recinto de sesiones sin pasar por la comisión de Interbloques y sin tener estado legislativo, lo que disparó el enojo del bloque de Cambiemos, que se retiró del recinto con la queja de su presidenta, Claudia Rocha, quien señaló que el proyecto «nunca fue discutido por los jefes de bancada».

Hoy, Ceballos instó a Ponce en el aeropuerto local a «recuperar la legalidad que ha sido violentada con dicho acto del Concejo Deliberante, para continuar el camino del diálogo institucional entre el municipio y el gobierno nacional y proseguir con las tramitaciones en marcha que permitan concretar los proyectos que se han presentado».

En una conferencia de prensa, Ceballos señaló además que «la no recuperación de la legalidad afectada por este acto del Concejo Deliberante llevará inexorablemente al camino de la reclamación judicial de los bienes públicos amenazados de usurpación, lo que, sin dudas, afectaría la búsqueda de las soluciones legales a las demandas sociales que los puntanos esperan de ambos gobiernos».

Finalmente, el funcionario deseó que se puedan evitar las controversias judiciales y comprometió «la voluntad de los distintos estamentos del gobierno nacional en la búsqueda de las respuestas a las peticiones que el municipio de San Luis ha solicitado desarrollar sobre parte de estos terrenos».