El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pasó su primera noche en prisión desde que se presentó detenido en una sala usada de celda de la Superintendencia de la Policía Federal de Paraná, en la ciudad sureña de Curitiba.
«Lula está bien, llegó bien a su lugar detención y vamos a instalar una resistencia cívica, una vigilia cívica para que salga rápidamente de prisión, de esta situación de prisión política», dijo hoy la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.
Lula fue trasladado el sábado desde San Pablo en avión hasta Curitiba y luego en helicóptero hasta la sede de la Policía Federal de Paraná, donde una sala usada de dormitorio por comisarios fue acondicionada para cumplir su condena, en la que habrá una televisión.
El jefe de la Policía Federal en Paraná, el comisario Mauricio Leite, le comunicó a Hoffmann que Lula fue «bien recibido y se encuentra bien», según la senadora.
A las 7 de la mañana de hoy la policía le llevó el desayuno y otros detenidos en celdas de la superintendencia de la Policía Federal, el corazón de la Operación Lava Jato, entregado por la empresa proveedora, un episodio banal que se convirtió en la primera noticia del domingo.
El desayuno de Lula en la cárcel fue café con leche con pan y manteca, de acuerdo al régimen interno de las celdas de este edificio policial.
La Policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes pro-Lula frente a la sede policial en el momento de su llegada.
Un juez prohibió un acampe frente a la sede policial y hoy la Policía del estado de Paraná, gobernado por el oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del precandidato presidencial Geraldo Alckmin, bloqueó los accesos al edificio.
Lula fue condenado a 12 años y un mes de prisión en dos instancias de la justicia por recibir un departamento triplex en Guarujá por parte de la empresa OAS, aunque el inmueble no está en su nombre y nunca lo usó, pero los jueces consideraron que se trató de un soborno.
La defensa del expresidente espera que el Supremo Tribunal Federal aborde el miércoles próximo acciones que cuestionan la jurisprudencia que indica que con fallo de cámara de segunda instancia un condenado debe ser detenido.
El Supremo Tribunal podría declarar inconstitucional ese entendimiento, ya que que la Constitución brasileña permite la cárcel, si es que no hay vidas en riesgo, una vez finalizadas todas las instancias judiciales.
La máxima corte del país aplicó en 2016 la jurisprudencia al calor de las presiones de la comunidad policial y jurídica que trabaja en la Operación Lava Jato, como se llama a los casos de corrupción que involucran a la constructora Odebrecht y la petrolera Petrobras, controlada por el Estado.
El tribunal regional de Porto Alegre defendió que el juez Sérgio Moro, quien instruyó la causa, tome decisiones «excepcionales» porque la investigación conocida como Lava Jato es diferente que el resto de los procesos por corrupción.
En un acuerdo de 2016, el tribunal que ratificó la condena a Lula justificó las acciones de Moro, cuestionadas por los juristas, al afirmar que estas causas como las de Lula «traen problemas inéditos que exigen soluciones inéditas».
