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Caso Maldonado: un fiscal pidió investigar al Gobierno por “encubrimiento”

El fiscal Federico Delgado abrió hoy una causa penal para investigar al gobierno y la Gendarmería por “encubrimiento” en la desaparición de Santiago Maldonado y recomendó separar de la causa al juez de Esquel, Guido Otranto, mientras el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, reconoció que la “hipótesis más fuerte” apunta a la fuerza, pero “no hay prueba o pista concreta”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró en su informe de gestión ante el Senado que desde el gobierno “no damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue” y advirtió que “si hubo o no una desaparición forzosa, si hubo un, dos o tres gendarmes que hayan llevado a cabo la acción, son todas suposiciones que hoy no estamos en condiciones de afirmar”.

Una nueva testigo, una docente identificada como Adriana Baigorria, declaró en el marco de la investigación en Esquel y dijo que el joven estuvo en la marcha por Facundo Jones Huala en Chubut y que lo vio el 29 de julio.

El fiscal federal pidió que el jefe de Gabinete informe de manera “urgente” qué tareas desplegó Gendarmería en la ruta 40 durante el desalojo de la protesta mapuche el 1ro. de agosto en Chubut, revelaron fuentes judiciales a DyN.

Delgado presentó el dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para que se abra el caso a investigación, reclamó que se pida copias de las actuaciones judiciales en Esquel y recomendó que el magistrado federal de esa ciudad sea apartado de la causa central, porque fue quien ordenó el procedimiento a Gendarmería y “articuló la intervención de la fuerza de seguridad”.

“Se sugiere a VS que requiera una copia urgente mediante una nota al Juzgado Federal N°1 de la localidad de Esquel, provincia de Chubut”, pidió el fiscal federal.

Asimismo, solicitó que “el señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”.

Delgado impulsó la causa a raíz de la denuncia que presentó la semana pasada la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que acusó a Macri, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, y a las autoridades de Gendarmería por la situación de Maldonado.

La denuncia, radicada en Comodoro Py, también comprendió al jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, y al secretario de Derechos Humanos.

La presentación renovó la acusación por “desaparición forzada” de Maldonado y agregó que “la tesis de un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”.

En ese sentido, advirtió la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades estatales y sostuvo que buscan “deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.

“Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento”, dijo Delgado.

El fiscal advirtió que para avanzar con la causa “es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado” y para eso consideró necesario reclamar copias del expediente de Esquel y que el Gobierno informe de manera “urgente” precisiones sobre su accionar en el caso.

El secretario de Derechos Humanos, por su parte, dijo en declaraciones a radio Mitre, antes de la reunión con el juez de Esquel, que “la hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, pero eso se tiene que verificar, si realmente es responsable o no, por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis”.

Avruj expresó tener “las opiniones de la fiscal y el juez que no dan por cierto o fundamentado que rotundamente sea la Gendarmería” y manifestó que “no hay prueba o pista concreta”.

Tras la reunión con el juez en Esquel, el funcionario dijo que se trata de “un caso difícil a todas luces” y expresó que “se ofreció una reunión con la familia, pero no nos van a recibir”.
Por otra parte, se refirió a la causa iniciada por Delgado al sostener que “no hay ningún encubrimiento”
y afirmó que “no hay posibilidades de que el presidente, los ministros, estén encubriendo la figura de la desaparición, al contrario, se está investigando”.

“El juez dijo que no dio orden de rastrillaje en este momento”, expresó, y en ese sentido dijo que “lo que sé es que lo que se haga será en articulación con el juez”.

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