El detenido empresario Lázaro Báez se quejó hoy de que la imputación en su contra en la causa por supuesta corrupción en la concesión de la obra pública sea «la misma» que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández.
«Se le atribuye un hecho a un sujeto que no ha sido funcionario público y que incluso la imputación en su contra es la misma que se le hizo a la ex Presidenta», sostuvo su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, en la audiencia de indagatoria en la que Báez presentó un escrito de descargo, según revelaron fuentes judiciales.
Para el letrado defensor, «es imposible en términos lógicos» que la acusación de haber conformado una supuesta ‘asociación ilícita’ se atribuya «por igual a dos personas: funcionario o no funcionario» porque ambos desarrollan «actividades absolutamente autónomas y distintas».
El abogado del dueño de Austral Construcciones SA insistió con que «todos los actos» del proceso de adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo, entre los cuales mencionó «dictado de decretos», «modificación de presupuestos», «designación de funcionarios», no pueden «ni directa ni indirectamente ser atribuidos a Báez».
A esta altura de la audiencia que encabezaba el juez federal Julián Ercolini, intervino el fiscal federal Gerardo Pollicita y retrucó al defensor que en su alegato «ha omitido considerar la imputación» que se le hace a Báez «en cuanto a sus propios actos dentro de un grupo organizado de personas constituido por funcionarios y empresarios, donde cada uno ha cumplido un rol».
Puntualmente el fiscal señaló que Báez «conformó la empresa Austral Construcciones cuatro días antes de la asunción de Néstor Kirchner» y «participó en 52 licitaciones irregulares» de adjudicación de obra pública. Ya se había desatado el debate verbal e interrupciones entre Rusconi y Pollicita cuando debió interceder el juez para que volviera la calma y planteó que si fuese necesario se abriría un incidente de cara a eventuales réplicas y contrarréplicas entre las partes, según las fuentes que presenciaron la audiencia.
Además de presentar el escrito y debatir con la fiscalía, la defensa planteó la nulidad de toda la acusación y el sobreseimiento de su cliente así como insistió en que se lleve a cabo una auditoría de todas las adjudicaciones de obra pública en todo el país desde 2003 a 2015.
Báez fue trasladado temprano a los tribunales federales desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple arresto por la causa conocida como «ruta del dinero K» desde el 5 de abril pasado.
El empresario no solo declaró en esta causa sino que pasó después por el despacho del juez federal Daniel Rafecas, quien investiga una denuncia contra el juez Sebastian Casanello, que ordenó su detención.
Mañana, Ercolini tiene previsto indagar a otro detenido de Ezeiza, José López, el ex secretario de Obras Públicas kirchnerista que está arrestado desde el 14 de junio pasado cuando lo atraparon en un convento de General Rodríguez con nueve millones de dólares en su poder.
