Anuncian audiencia por juicio a funcionarios civiles de la dictadura militar

El fiscal federal de la provincia de San Luis, Cristian Rachid, ratificó hoy la realización de la audiencia preliminar del tercer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en San Luis, el próximo viernes 23 de febrero, en la que se determinará la modalidad del juicio oral que deberán enfrentar cuatro civiles, funcionarios de la justicia federal, durante la última dictadura militar.

El fiscal recordó que en este caso serán juzgados el ex juez federal Eduardo Allende; el entonces fiscal federal, Hipólito Saá, el médico policial Omar Caram y el teniente del Comando de Artillería 141 Alberto Eduardo Camps.

En esta audiencia, la fiscalía ha propuesto por escrito que solamente concurran 10 testigos, de los 100 que conforman la lista, muchos de los cuales ya han sido interrogados en dos juicios anteriores y sus testimonios están grabados en forma audiovisual.

La defensa no ha hecho ningún ofrecimiento y durante la audiencia deberá acordarse la incorporación del pedido de fiscalía sobre la forma de incorporar los testimonios y las fechas de las audiencias que constituirán el inicio del debate oral.

Rachid explicó que «si la defensa no acepta la propuesta de fiscalía, deberá justificar su postura ya que existe legislación internacional que protege la sobreexposición de las víctimas, que implica revivir una y otra vez las torturas y padecimientos de los que fueran víctimas».

En esta nueva instancia de los juicios por lesa humanidad que se realizará en San Luis los jueces son de extraña jurisdicción, procedentes de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, por lo que se espera que el debate se extienda en el tiempo.

En el caso de los 10 testigos propuestos por la fiscalía, son casos de nuevas víctimas, cuyos hechos nunca fueron tratados en juicios anteriores por lo que se insiste en el interés de sus declaraciones y el aporte que pueden hacer a las causas.

A los ex funcionarios Allende y Saá se los acusa de no haber actuado de acuerdo a lo que les correspondía con respecto a los autores de los delitos, «teniendo conocimiento de la ocurrencia de torturas por el testimonio de las víctimas», aclaró el fiscal.

En el caso del militar Alberto Camps, por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados, como integrante de un grupo de tareas de las fuerzas, y el caso de Jorge Omar Caram, porque como médico policial era quien daba «el visto bueno sobre si una persona estaban en condiciones o no, de continuar aguantando una tortura», describió Rachid.

La calificación que está en discusión es si la participación ha sido «necesaria», como lo sostiene la Fiscalía y cuenta con pena de prisión perpetua, o si esa participación, fue «secundaria» como lo sostiene la Cámara Federal en su calificación provisoria, que reduce la pena a 25 años de prisión.