Por Gabriel Rodriguez
El gobierno de Axel Kicillof ha solicitado a cientos de empresas un anticipo millonario de impuestos como parte de las medidas para contrarrestar la disminución de fondos provenientes de la Nación. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) estima recaudar $155.000 millones con esta medida, la cual, de no cumplirse, colocará a las empresas en la máxima categoría de riesgo fiscal.
La normativa, basada en el artículo 136 de la ley 15.479, establece que el anticipo debe pagarse antes del próximo viernes en una cuota única. La ARBA proyecta que alrededor de 254 empresas contribuirán con esta suma adicional.
La Unión Industrial Argentina (UIA), la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) han expresado su «grave preocupación» ante esta medida, argumentando que la carga impositiva dificulta el desarrollo productivo y la generación de empleo formal.
La ley toma como base la facturación de octubre de 2023 multiplicada por cuatro, sin considerar el impacto de la recesión que afecta la actividad industrial. Esto ha generado críticas, ya que las empresas se ven obligadas a pagar un anticipo sin prever la realidad económica actual.
El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, criticó la medida como un castigo al contribuyente en lugar de abordar el gasto público. Por otro lado, el diputado José Luis Espert llamó a una «rebelión fiscal» y a reducir el gasto público.
Desde el gobierno bonaerense, el titular de ARBA, Cristian Girard, defiende la medida, argumentando que es una facultad conferida por la ley impositiva 2024. Girard asegura que solo el 0.01% de las empresas activas en la provincia se verán afectadas y que la normativa permite la utilización del crédito generado por el anticipo para la cancelación de deudas anteriores.
Sin embargo, el tributarista César Litvin advierte que la medida representa un perjuicio económico para las empresas, especialmente en un contexto de recesión. Señala que las empresas se convierten en acreedoras del fisco, financiando al gobierno a tasa cero mientras experimentan una disminución en sus ingresos.
El abogado tributarista Diego Fraga critica la falta de claridad en la determinación de quién debe pagar el anticipo, alegando que se viola el principio de legalidad. Además, señala que incluir a quienes no cumplan con el anticipo en la máxima categoría de riesgo fiscal sin posibilidad de defensa es una sanción severa e irrecuperable.
En resumen, las medidas fiscales de Kicillof han desatado preocupación en diversos sectores, generando un debate sobre la efectividad y la equidad de estas decisiones en medio de un contexto económico desafiante.
