Ya es ley el examen compulsivo de ADN

Este miércoles, el Senado argentino aprobó la ley que autoriza a la justicia a ordenar la toma compulsiva de muestras biológicas para determinar la identidad de personas en las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad.

Se sancionó con 57 votos a favor y uno en contra.

Medios internacionales informaron que “El oficialismo lo defendió argumentando que garantiza el acceso a la verdad y permite avanzar en investigaciones de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, muchos cuestionaron que la extracción compulsiva de ADN atenta contra la privacidad y los derechos personalísimos de un individuo”.

Además agregan que “el proyecto había sido criticado por voces de la oposición, al considerarlo un elemento de presión contra el grupo de multimedios Clarín, el más poderoso del país, enfrentado abiertamente al gobierno”.

“La líder opositora  de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, denunció que podría servir para obligar a los hijos de la propietaria del multimedios, la empresaria Ernestina Herrera de Noble, a someterse a las pruebas de ADN, debido a las sospechas de que podrían haber sido apropiados ilegalmente”.

Y que  “Los herederos de Noble, Marcela y Felipe, tienen 33 años y fueron adoptados por Ernestina Herrera en 1976″. “Los dos jóvenes se niegan a proveer sus muestras de material genético y, bajo la nueva ley, podría darse un caso de búsqueda compulsiva ordenada por la justicia”.

Agregan en la información que “Sin embargo, los senadores oficialistas rechazaron esta acusación, y acusaron a los medios de publicar titulares tendenciosos sobre un proyecto que no busca promover la persecución”.

L ley fue una propuesta de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, permitiendo a la justicia extraer pruebas de ADN a una persona “cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación”.

Fue respaldada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, quienes se dedican a localizar e identificar a los niños nacidos en cautiverio,  y sus padres fueron secuestrados durante el régimen militar (1976-1983).

La ley estipula que “el análisis genético podrá realizarse a través de la obtención de mínimas extracciones de sangre, saliva, piel y cabello u otras muestras biológicas, aunque también permite al juez secuestrar objetos desprendidas del cuerpo, como cepillos de pelo o de dientes”.